La política no solo administra poder: educa con el ejemplo. Cada palabra pronunciada por un dirigente público tiene peso institucional y consecuencias sociales. Por eso resulta especialmente grave cuando quienes ocupan cargos de representación optan por el agravio, la desinformación o la manipulación antes que el debate serio y responsable. En los últimos días asistimos a uno de esos episodios que avergüenzan. A través de la red social “X”,  la senadora frenteamplista Lilián Abracinskas lanzó duros e improcedentes ataques contra el senador Javier García, apoyándose en una declaración jurada editada al parecer por el periodista militante Eduardo Preve. 

Es decir, no solo se trató de una crítica política —siempre legítima en democracia— sino de la utilización de un documento alterado para sostener acusaciones públicas. El hecho generó un fuerte planteo institucional y culminó con un pedido de disculpas públicas de quien actuó con evidente irresponsabilidad y falta de respeto hacia su par.

Las disculpas, aunque necesarias, no borran el daño. Porque el problema no es únicamente el agravio personal, sino el mensaje que se transmite a la ciudadanía. Si quienes legislan y reclaman estándares éticos elevados recurren a información manipulada para atacar adversarios, ¿qué se puede esperar del resto del debate público? Se erosiona la credibilidad institucional y se instala la idea de que todo vale con tal de golpear políticamente al otro.

La política uruguaya supo ser ejemplo de firmeza argumental y respeto personal. Hubo épocas en que los enfrentamientos eran duros, pero sostenidos en ideas, no en insinuaciones o maniobras de baja estofa. Los discursos eran vehementes, sí, pero también formativos. Se discrepaba sin degradar. Se criticaba sin mentir. Se confrontaba sin cruzar líneas éticas básicas. Esa cultura cívica fue durante décadas un sello distintivo del país.

Hoy, en cambio, asistimos con demasiada frecuencia a la lógica del tuit fácil, la acusación ligera y la viralización sin verificación. Las redes sociales han acelerado la comunicación política, pero también han reducido su profundidad y, en algunos casos, su calidad moral. El problema no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella. Un legislador no es un usuario más: representa a miles de ciudadanos y tiene la obligación de actuar con prudencia y responsabilidad.

Lo ocurrido expone, además, una preocupante liviandad frente a la verdad. Editar o difundir información incompleta para construir un relato conveniente es una práctica incompatible con la ética republicana. El adversario político no es un enemigo a destruir; es un competidor en el marco de reglas compartidas. Cuando esas reglas se vulneran, la democracia pierde.

Este tipo de episodios también alimenta el descreimiento ciudadano. La gente observa y concluye que la política se ha convertido en un terreno de agravios y maniobras, lejos de las preocupaciones reales de la sociedad. Mientras los uruguayos enfrentan problemas concretos —empleo, seguridad, educación, costo de vida— parte de la dirigencia se enreda en polémicas que nada aportan al bien común.

La autocrítica debe ser más profunda que un simple pedido de disculpas. La clase política en su conjunto tiene la responsabilidad de recuperar estándares de respeto y rigor. No se trata de eliminar la confrontación, que es parte esencial de la democracia, sino de elevarla. Devolverle contenido, argumentos y honestidad intelectual.

Si no se corrige el rumbo, el deterioro del debate público seguirá avanzando. Y cuando la política pierde altura moral, pierde autoridad. Uruguay merece dirigentes que discrepen con firmeza, pero con decencia. Porque el ejemplo, en la vida pública, también gobierna.