Hay ironías que provocan una sonrisa. Y hay otras que dejan una profunda preocupación. Que una periodista que durante décadas ejerció el oficio de informar, entrevistó, preguntó, opinó y fue una de las voces reconocibles de la televisión uruguaya aparezca ahora, desde una banca del Senado de la República, reclamando instrumentos para penalizar determinados discursos en redes sociales y medios de comunicación, genera decepción.

Blanca Rodríguez conoce - suponemos- el valor de una pregunta incómoda, de una opinión crítica y del derecho de un ciudadano a cuestionar a quienes gobiernan. Precisamente por eso resulta tan inquietante escucharla hablar de la necesidad de avanzar sobre los llamados “discursos de odio” sin que quede absolutamente claro quién determinará qué es odio, qué es crítica, qué es insulto y qué es simplemente una opinión que molesta.

Porque allí está el verdadero problema. El Estado no debe convertirse en árbitro de los sentimientos políticos de la sociedad. Mucho menos cuando ese poder puede terminar siendo utilizado contra quienes cuestionan al gobierno, al Parlamento, a los partidos o a los propios gobernantes.

El concepto de “discurso de odio” puede tener una justificación cuando se refiere a amenazas, persecuciones o incitación concreta a la violencia. Pero convertir una categoría amplia y susceptible de interpretaciones en una herramienta penal abre una puerta demasiado peligrosa. Porque una vez que el poder adquiere la facultad de decidir qué se puede decir, el problema deja de ser quién gobierna hoy.  El problema pasa a ser quién gobernará mañana. Y aquí aparece la paradoja más dolorosa.

Una periodista que durante años estuvo del otro lado del mostrador —preguntando al poder, incomodando al poder, poniendo al poder frente a sus contradicciones— hoy integra ese mismo poder y plantea restricciones sobre aquello que se dice acerca de él. No deja de ser una formidable contradicción. También merece recordarse que Rodríguez ya había sostenido que el “discurso de odio” constituye un delito y atribuido al Frente Amplio modificaciones del Código Penal en esa materia. Más allá de las precisiones jurídicas que correspondan, el episodio revela algo más importante: la facilidad con la que una expresión política puede terminar convertida en una categoría penal. Algo que debería preocuparnos a todos.

Porque mañana puede ser un ciudadano de izquierda quien sea acusado de “odio” por cuestionar a un gobierno de derecha. O un ciudadano de derecha por criticar a uno de izquierda. Puede ser un periodista, un dirigente sindical, un empresario, un productor rural, un estudiante o simplemente un vecino enojado. La democracia no se construye protegiendo al poder de las palabras incómodas. Se construye protegiendo al ciudadano frente al poder.

Las redes sociales pueden ser desagradables, agresivas, injustas y muchas veces miserables. También pueden ser un territorio de crítica legítima que antes no encontraba espacio en los medios tradicionales. No corresponde pedirle al Estado que higienice el debate público para hacerlo más confortable. La libertad de expresión no fue creada para proteger las opiniones que agradan. Fue creada, precisamente, para proteger aquellas que incomodan.

Humildemente le sugerimos, que esa iniciativa, le de un nombre mas elegante: “protección contra el odio”. Y eso, más que ironía, debe darnos miedo. Y lo decimos desde un diario que vivió la dura experiencia de ser clausurado por 90 ediciones en la época de la dictadura cívico-militar… por decir y sostener lo que molestaba a quienes ejercían el poder…