La declaración pública de la Cámara de la Industria de la Pesca marca un antes y un después en un conflicto que, lejos de ser un simple diferendo laboral, se convirtió en un verdadero atentado contra la producción, el empleo y la seguridad jurídica del Uruguay. Lo que el sector empresarial denuncia no es menor: casi 90 días de paro irracional, injustificado y devastador, que violó convenios colectivos vigentes, inventó reclamos sobre condiciones laborales y dejó pérdidas millonarias para el país. En ese lapso se dilapidó una zafra entera, con consecuencias irreversibles.

Mientras tanto, el sindicato actuó con una irresponsabilidad rayana en el sabotaje. No solo paralizó barcos y congeló la actividad, sino que empujó a miles de trabajadores al desempleo y puso en riesgo inversiones internacionales que durante años apostaron a un sector estratégico. La dirigencia sindical del SUNTMA no defendió intereses de clase, defendió privilegios y narrativas inventadas, dañando a los mismos trabajadores que dice representar. Esa es la verdad incómoda. El comunicado emitido por la Cámara es claro: no hay espacio para legitimar nuevamente a quienes provocaron esta catástrofe. Y tienen razón. Pretender, como lo hizo el Ministerio de Trabajo, sentar a las partes en una mesa de negociación apenas horas después de que el sindicato decidiera levantar las medidas, es desconocer la magnitud del daño causado.

Hay tiempos y hay prioridades, y la prioridad ahora no es dialogar con dirigentes sindicales que demostraron desprecio por la ley, por los convenios y por los propios trabajadores. La prioridad es volver a trabajar. La respuesta al ministro es un retrato fiel de lo que muchos sectores productivos piensan pero rara vez se atreven a decir en voz alta: no todo conflicto sindical merece diálogo. Cuando un gremio se convierte en el principal factor de crisis de una rama entera de actividad, cuando utiliza la mentira y la violencia laboral como instrumentos de poder, ese gremio deja de ser un interlocutor válido. Y reunirse con él no es un gesto de paz: es legitimar la extorsión. 

La Cámara lo expresó con dureza, pero también con visión estratégica: la pesca necesita refundarse, y esa refundación no puede depender de quienes demostraron ser un obstáculo permanente. La creación de una “bolsa de trabajo” abierta y transparente, con más de 9.000 postulantes deseosos de embarcarse, es la prueba más contundente de que los uruguayos quieren trabajar, aun en las mismas condiciones que el sindicato rechazó. El país no puede seguir rehén de un puñado de dirigentes que confunden derechos con caprichos, y representación con manipulación. 

El conflicto deja, además, una lección dolorosa: la seguridad jurídica en materia laboral está en entredicho. Uruguay se enorgullece de su tradición de cumplimiento de contratos, pero ¿qué inversor extranjero puede sentirse tranquilo cuando un convenio colectivo firmado puede ser desconocido de un día para el otro, sin consecuencias inmediatas? Los capitales españoles, daneses, canadienses y brasileños que apostaron a la pesca nacional ya tomaron nota de esta fragilidad. Y si no se corrige, el costo lo pagará el país entero. El Ministerio de Trabajo, por su parte, mostró más pasividad que autoridad. Recién reaccionó cuando el conflicto ya estaba terminado de hecho por las empresas y cuando el daño era irreversible. Esa tibieza no es neutralidad: es complicidad.

Los sindicatos entienden perfectamente las señales de poder, y cuando el Estado no hace valer el peso de la ley, lo leen como una invitación a redoblar la apuesta. Lo que ocurrió con la pesca es un crimen económico y social perpetrado por una dirigencia sindical irresponsable y tolerado por un Ministerio que llegó tarde y mal. Refundar la pesca no es solo un desafío sectorial, es una obligación nacional. Y el primer paso es comprender, de una vez por todas, que el diálogo social no puede ser sinónimo de impunidad sindical.