Hay momentos en que la política debería saber detener sus cálculos, sus conveniencias y sus pequeñas disputas partidarias para mirar de frente la realidad. Uruguay atraviesa uno de esos momentos. Por eso resulta difícil de comprender y, sinceramente, poco solidario con la sociedad, que desde el oficialismo se pretenda colocar condiciones políticas para avanzar en una herramienta como los allanamientos nocturnos, vinculando su aprobación a un cambio en la Fiscalía de Corte.

Podrá discutirse si los allanamientos nocturnos son la solución, si son suficientes, si requieren controles adicionales o si deben ajustarse jurídicamente. Todo eso es legítimo y necesario. Lo que resulta inadmisible es convertirlos en una ficha dentro de una negociación política. Porque la seguridad no se negocia.

Mientras los partidos discuten, hay miles de uruguayos que viven con miedo. Familias que colocan rejas, alarmas y cámaras para sentirse un poco más seguras. Comerciantes que bajan sus persianas con temor. Trabajadores que regresan a sus hogares mirando hacia atrás. Vecinos que saben que determinados barrios, determinadas calles y determinadas horas ya no son lo que eran. Esa realidad no puede ser ignorada desde los despachos del poder. Si los allanamientos nocturnos pueden constituir una herramienta útil para combatir el narcotráfico y el delito organizado, deben ser estudiados con seriedad, analizados desde el punto de vista constitucional y jurídico, y finalmente aprobados o rechazados en función de su utilidad para la sociedad.

Pero no pueden transformarse en moneda de cambio para conseguir otros objetivos políticos. Porque cuando la seguridad de la población queda subordinada a una pulseada partidaria, el que paga el precio no es el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni ningún otro sector. Lo paga el ciudadano común. Y eso es lo que no podemos aceptar. Una clase política que pierde crédito

No se trata de sostener que los allanamientos nocturnos sean una fórmula mágica. En seguridad no existen soluciones mágicas. Tampoco creemos ser dueños de la verdad. Pero sí parece necesario señalar que hay conductas políticas que terminan profundizando el divorcio entre la sociedad y quienes la representan. La ciudadanía observa, escucha y saca sus propias conclusiones.

Cuando se promete y no se cumple, cuando se anuncia y luego se retrocede, cuando se discute durante meses lo accesorio mientras los problemas urgentes siguen esperando, inevitablemente se deteriora la confianza. Y una democracia sin confianza es una democracia en riesgo. Es jugar con fuego. No solamente por la inseguridad, sino por la creciente sensación de que muchas veces los intereses partidarios están por encima de las preocupaciones reales de la gente.

La sociedad puede comprender que existan diferencias ideológicas. Puede aceptar que haya debates jurídicos, constitucionales y políticos. Lo que difícilmente seguirá tolerando es que cuestiones tan sensibles como la seguridad terminen utilizadas como instrumento de presión o negociación. Porque cuando una sociedad pierde la paciencia, también puede perder la confianza en quienes conducen el sistema.

Y allí aparece el verdadero peligro. Los pueblos desencantados suelen sentirse atraídos por quienes prometen soluciones rápidas, discursos simples y respuestas contundentes. Allí pueden encontrar espacio los outsiders, los extremistas y los vendedores de certezas, que muchas veces terminan siendo bastante más peligrosos que aquellos contra quienes protestaba la sociedad. Por eso la responsabilidad de la clase política es enorme. Esperemos que lo entiendas, lo asuman y actúen en consecuencia. Es lo menos que pueden hacer. Si es que quieren hacer algo.-