Hay números que deberían provocar, como mínimo, una reflexión. Según los registros oficiales de la Asamblea General, durante 2025 senadores y diputados realizaron 52 misiones oficiales al exterior, con un desembolso superior a US$ 169.000 entre pasajes, viáticos y seguros de viaje. 

La pregunta es inevitable: ¿eran realmente imprescindibles todos esos viajes? Uruguay tiene embajadas y representaciones diplomáticas en buena parte del mundo. Su misión, entre otras cosas, es representar al país, promover sus intereses, abrir mercados y contribuir a generar acuerdos comerciales y políticos.  Entonces, ¿qué sentido tiene que nuestros legisladores deban recorrer el mundo con tanta frecuencia, con gastos que terminan pagando todos los uruguayos?

No se trata de afirmar que ningún viaje sea necesario. Seguramente habrá misiones que lo sean. El problema es cuando lo excepcional comienza a transformarse en una práctica habitual y nadie parece preguntarse si ese dinero podría utilizarse mejor. Porque mientras 52 legisladores viajaban al exterior, Uruguay seguía teniendo problemas enormes y urgentes: inseguridad, dificultades en la salud y la educación, personas en situación de calle, pobreza infantil, pérdida de empleos y familias que deben hacer malabares para llegar a fin de mes.

Y hay algo todavía más elemental: ahorrar cuando no alcanza. Eso lo sabe cualquier familia uruguaya. Cuando los ingresos son limitados y las necesidades abundan, se posterga el viaje, se evita el gasto innecesario y se prioriza lo verdaderamente importante. ¿Por qué esa regla tan sencilla no puede aplicarse también a quienes administran los recursos públicos?

El problema, quizás, está en que quienes llegan al poder terminan acostumbrándose demasiado rápido a las ventajas del poder. Buenos sueldos, facilidades, beneficios y oportunidades que difícilmente tendrían fuera de la actividad política, pero que pueden generar una peligrosa distancia con la realidad.

Y en ese mundo privilegiado, hasta un viaje al exterior puede terminar pareciendo algo perfectamente normal. Se lo denomina “misión oficial”, se reciben viáticos y, algunos, se llevan a la mujer o a su amiga… Pero, nadie atiende que finalmente, es Juan Pueblo quien paga la cuenta…

La reciente discusión entre el senador Pedro Bordaberry y el senador Alejandro Caggiani sobre los viajes legislativos puso el tema sobre la mesa. Más allá de los cruces personales y las acusaciones políticas, lo importante es que comenzó a discutirse algo que debió ser una práctica elemental desde hace muchos años: transparencia absoluta sobre el dinero utilizado en esas misiones.

En ese sentido, resulta positivo que la bancada de senadores del Frente Amplio haya planteado exigir la rendición documentada de los gastos y la devolución de los viáticos que no hayan sido utilizados, además de publicar cuánto se asignó, cuánto se gastó y cuánto se devolvió. Si eso no se hacía hasta ahora, la pregunta es todavía más incómoda: ¿por qué? No alcanza con anunciar una iniciativa. Habrá que votarla, aprobarla y, sobre todo, aplicarla. Porque en el Palacio Legislativo abundan los proyectos, pero no siempre las decisiones terminan llegando a concretarse oficialmente. El país necesita austeridad y, sobre todo, necesita ejemplos. Esperemos que lo entiendan y actúen en consecuencia.