El grave episodio registrado días pasados en nuestra ciudad, cuando un perro pitbull atacó y lesionó severamente a una mujer adulta mayor, abuela de su propietario, vuelve a exponer una realidad incómoda que muchos prefieren esquivar: hay animales cuyas características físicas, fuerza y capacidad de provocar daños extremos representan un riesgo que no puede minimizarse ni dejarse librado exclusivamente a la responsabilidad individual de sus dueños.

¿Cuántas personas más deben resultar mutiladas, gravemente heridas o morir para que las autoridades comprendan que este asunto requiere medidas drásticas? ¿Hasta cuándo habrá que esperar otra tragedia para abandonar la cómoda posición de lamentar lo ocurrido, prometer controles y regresar después a la inacción?

La advertencia formulada por la Academia Nacional de Medicina debería ser atendida con la seriedad que merece. La institución planteó frenar la crianza y reproducción de pitbull y otras razas consideradas peligrosas, e incluso prohibir la presencia de algunas de ellas en el país, evitando que los ejemplares existentes continúen reproduciéndose. Entre las razas señaladas, además del pitbull, figuran el dogo argentino, el fila brasileño y el tosa japonés.

No estamos ante una discusión superficial sobre gustos personales ni frente a una disputa entre defensores y detractores de los animales. Estamos hablando de seguridad pública, de lesiones irreversibles y de vidas humanas. Los médicos que han atendido a víctimas de estos ataques conocen las consecuencias: heridas devastadoras, amputaciones y daños que acompañan a la persona durante el resto de su vida, más allá de ataques mortales.

Frente a esa realidad, invocar una y otra vez la tenencia responsable como única respuesta resulta insuficiente. Naturalmente, la crianza, la socialización y el manejo influyen en el comportamiento de los perros. También es cierto que muchísimos animales son compañeros fieles y afectuosos. Pero ninguna de esas consideraciones elimina las diferencias de fuerza y capacidad de daño, ni garantiza que un ataque nunca vaya a producirse.

Y cuando se produce, las consecuencias no siempre pueden revertirse con disculpas, explicaciones o sanciones posteriores. El argumento de que todo depende del dueño tampoco alcanza. Si la seguridad de terceros queda condicionada a que cada propietario actúe correctamente, la prevención descansa sobre una garantía demasiado frágil. Basta una puerta mal cerrada, un descuido o la pérdida de control del animal para que una situación doméstica se transforme en una tragedia.

Por eso, las autoridades deben dejar de actuar únicamente después de cada episodio. Se necesitan normas claras, fiscalización efectiva, sanciones severas y controles rigurosos sobre la tenencia de animales de alto riesgo. Y corresponde discutir, sin complejos ni presiones interesadas, la prohibición de la reproducción de determinadas razas y otras restricciones que la evidencia científica y veterinaria justifique.

El derecho a tener un animal no puede imponerse sobre el derecho de los demás a caminar por la calle, visitar a sus familiares o convivir en su propio hogar sin quedar expuestos a un peligro evitable. La sociedad no tiene por qué aceptar como fatalidad lo que puede prevenirse mediante decisiones responsables y firmes. Tampoco corresponde esperar que la próxima víctima sea un niño o que un ataque termine en una muerte para reconocer la gravedad del problema.

La vida humana vale más que cualquier mascota, cualquier capricho y cualquier defensa sentimental de una raza.El Estado debe proteger a las personas, no limitarse a contabilizar las víctimas cuando ya es demasiado tarde. La advertencia está hecha. Lo que falta es decisión política para actuar. Porque, cuando se conocen los riesgos y se posterga deliberadamente la prevención, la inacción deja de ser una simple omisión: se convierte en una irresponsabilidad que puede costar vidas.