El debate sobre el futuro de las AFAP vuelve a instalarse en el centro de la agenda política. Y lo hace de la peor manera: mediante trascendidos, negociaciones reservadas y propuestas surgidas de un denominado Diálogo Social cuya representatividad y alcance han sido objeto de cuestionamientos desde su creación.

En las últimas horas trascendió que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, habría alcanzado una base de entendimiento respecto a uno de los puntos más polémicos de la futura reforma previsional. Según explicó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento, el asunto "está encaminado", aunque evitó revelar cuál será finalmente la solución que propondrá el Poder Ejecutivo.

La propuesta original nacida del Diálogo Social planteaba reducir el papel de las AFAP a simples administradoras de portafolios de inversión, quitándoles la gestión de las cuentas individuales de los trabajadores para trasladarla a un nuevo organismo estatal. La iniciativa cuenta con el respaldo del PIT-CNT y de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), sectores que desde hace años promueven la desaparición del sistema de capitalización individual.

Sin embargo, el asunto trasciende ampliamente una discusión ideológica. Está en juego la administración de un patrimonio cercano a los 26.000 millones de dólares, integrado por el ahorro previsional de cientos de miles de uruguayos. No se trata de recursos del Estado ni de dinero disponible para financiar políticas públicas. Son fondos pertenecientes a los trabajadores, cuya administración se encuentra regulada por un complejo entramado jurídico y financiero que ha otorgado al país credibilidad durante casi tres décadas.

Modificar ese esquema exige mucho más que una mayoría circunstancial o el respaldo de determinados actores sociales. Requiere seguridad jurídica, respeto por los contratos vigentes y un análisis profundo de las consecuencias económicas que cualquier cambio podría generar.

También conviene recordar que la sociedad uruguaya ya se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre aspectos esenciales del sistema previsional. Pretender avanzar por caminos que desconozcan ese antecedente puede interpretarse como una forma de desoír la voluntad ciudadana, sustituyéndola por acuerdos alcanzados en ámbitos que no poseen legitimidad electoral ni capacidad para definir, por sí solos, políticas de semejante trascendencia.

Uruguay ha construido durante décadas un prestigio internacional, una reputación que no es un activo menor. Porque permite acceder a financiamiento en condiciones favorables, atraer inversiones y mantener elevados niveles de confianza entre los organismos internacionales y los mercados. Cualquier reforma que genere incertidumbre sobre la propiedad, administración o disponibilidad de los fondos previsionales inevitablemente despertará interrogantes dentro y fuera del país. Algo sobre lo cual se ha advertido desde esferas financieras internacionales.

Es positivo que el ministro Oddone procure encontrar una salida negociada. Su trayectoria técnica hace pensar que comprende la magnitud del desafío y las consecuencias que podría tener una decisión apresurada. Precisamente por eso, sería deseable que prevalezca la prudencia sobre las presiones políticas o corporativas.

La reforma previsional necesita mejorar aquello que efectivamente requiera correcciones, pero no destruir un sistema que ha demostrado estabilidad en la administración del ahorro de los trabajadores. Las transformaciones son legítimas cuando fortalecen las instituciones; dejan de serlo cuando ponen en riesgo la confianza construida durante décadas.

En materia previsional, improvisar nunca es una buena idea. Y administrar el ahorro de toda una generación de trabajadores exige mucho más que consignas ideológicas: exige responsabilidad, transparencia y una visión de Estado que coloque el interés nacional por encima de cualquier conveniencia política coyuntural.