Se acerca a una fecha clave que puede definir no solo el futuro de las ansiadas patrullas oceánicas, sino también la credibilidad del país en materia de contratos internacionales y defensa nacional. El 15 de febrero no es un plazo administrativo más: es el día límite para abrir la carta de crédito correspondiente a 2026 del contrato firmado con el astillero gallego Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), una inversión de 82,2 millones de euros que el actual gobierno ha anunciado que pretende rescindir. A pocos días de ese vencimiento, el escenario es tan incierto como costoso.

Desde Vigo, donde está radicado el astillero, la información es clara y poco alentadora para quienes creen que el problema se resuelve simplemente “bajándose” del contrato. Cardama sigue construyendo. Colocó la quilla del segundo buque, avanzó con nuevos bloques del primero y lo hace respaldado por certificaciones técnicas internacionales. No es un gesto menor: es una señal inequívoca de que el astillero se considera amparado por un contrato vigente y está dispuesto a ir hasta el final, en los tribunales si es necesario.

Del lado uruguayo, el discurso político ha sido firme en la intención de abortar la compra y recuperar los cerca de 30 millones de euros ya desembolsados. El presidente Yamandú Orsi ha hablado incluso de “fraude”, apuntando a la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama a través de un banco hoy inexistente. Ese argumento ya fue llevado a la Justicia, pero no ha tenido un desenlace que libere al país de sus compromisos contractuales. Por el contrario, abre un frente judicial largo, complejo y caro.

Aquí aparece la primera gran contradicción: Uruguay necesita patrullas oceánicas. No es un capricho político ni una herencia incómoda que pueda ignorarse. La vigilancia del extenso espacio marítimo, la lucha contra la pesca ilegal, el control del tráfico y la protección de recursos estratégicos son tareas que hoy la Armada cumple con medios obsoletos. Postergar indefinidamente esta renovación no es una opción responsable. La discusión, entonces, no debería ser si se necesitan o no las OPV, sino cómo se resuelve un proceso que el propio Estado inició y ahora pretende desandar sin pagar el precio.

Ese precio puede ser alto. Muy alto. Si el 15 de febrero no se abre la carta de crédito y no se cumplen los hitos de pago previstos, Uruguay se expone a acusaciones de incumplimiento contractual con repercusiones internacionales. No lo dice Cardama: lo advirtió el propio presidente del BROU, Álvaro García, al señalar que cuando se cumplen los hitos, hay que pagar. La línea entre una decisión política legítima y un incumplimiento con consecuencias legales es delgada, y parece que el país camina peligrosamente sobre ella.

A esto se suma otro factor clave: el regreso del presidente Orsi de China. Su decisión, al volver, será determinante. No solo porque deberá definir si se abre o no la carta de crédito, sino porque marcará el tono del vínculo de Uruguay con sus socios comerciales y financieros. En un mundo donde la previsibilidad es un activo, dar señales de improvisación o de ruptura unilateral de contratos puede salir mucho más caro que continuar una compra cuestionada.

Cardama, por su parte, ya dejó claro que no se quedará de brazos cruzados. La instancia de conciliación prevista para marzo en Montevideo es apenas el prólogo de una demanda civil que, de concretarse, podría implicar años de litigio y cifras que superen largamente el costo político de admitir errores y renegociar.

Así, las patrullas oceánicas se han convertido en algo más que dos barcos: son el símbolo de una encrucijada. Entre el discurso de la transparencia y la realidad de los contratos firmados. Lo que está en juego no es solo una compra, sino la seriedad del Estado uruguayo. Y el reloj, implacable, ya empezó a correr.