La propuesta de crear un Ministerio de Justicia vuelve a instalar un debate de fondo que el país no puede darse el lujo de saldar con apuros ni consignas. Desde el gobierno se insiste en que la situación económica heredada limita el cumplimiento de promesas de campaña, pero al mismo tiempo se impulsan iniciativas que implican nuevas estructuras, más gasto y mayor concentración de poder. Esa contradicción merece, al menos, una discusión seria.

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No se trata únicamente de una cuestión presupuestal, aunque no es menor. La creación de un nuevo ministerio supone inevitablemente una expansión del aparato estatal: infraestructura, cargos jerárquicos, asesores, funcionarios, logística, mantenimiento y una larga lista de costos directos e indirectos que, en contextos de restricción, deberían ser cuidadosamente evaluados.  Resulta difícil sostener un discurso de austeridad mientras se promueve, en paralelo, una estructura que demandará recursos significativos y permanentes.

Pero el punto más sensible no es económico, sino institucional. La eventual designación de Jorge Díaz como figura central del proyecto genera inquietudes que trascienden nombres propios. Su paso por la Fiscalía General de la Nación fue objeto de cuestionamientos por la acumulación de poder y por una gestión percibida por algunos sectores como políticamente orientada. Ese antecedente alimenta dudas sobre el equilibrio necesario entre los distintos poderes del Estado.

En esa línea, voces del ámbito jurídico han advertido sobre los riesgos de avanzar sin garantías claras. Por ejemplo, el reconocido y prestigioso penalista Juan Fagúndez ha sido particularmente enfático al señalar que el Poder Ejecutivo debe mantenerse a distancia del Poder Judicial, alertando de esa forma sobre el peligro de desdibujar esa frontera en nombre de reformas que podrían terminar afectando la independencia del sistema. Más allá del tono de sus declaraciones, el planteo de fondo no debería ser desestimado.

Uno de los argumentos esgrimidos a favor del nuevo ministerio apunta a mejorar el acceso a la justicia, señalando que existe un número significativo de ciudadanos que no logran ejercer plenamente su derecho a defensa. Es un problema real, pero la pregunta es si la solución pasa por crear una nueva estructura estatal o por fortalecer y optimizar las ya existentes. La historia reciente muestra que ampliar el Estado no siempre se traduce en mayor eficiencia ni en mejores resultados.

Además, subyace una discusión más profunda sobre el rol del Estado en la administración de justicia. ¿Debe el Ejecutivo avanzar sobre áreas que, por diseño institucional, requieren independencia técnica y autonomía? ¿O el camino debería orientarse a mejorar la coordinación sin alterar los equilibrios?

El riesgo de fondo es que, bajo la premisa de resolver problemas legítimos, se termine construyendo un esquema que concentre poder y debilite contrapesos. Uruguay ha construido su prestigio institucional precisamente sobre la base de equilibrios sólidos y respeto entre poderes. Alterar esa arquitectura exige más que voluntad política: requiere consenso amplio, transparencia y garantías firmes.

Algo que hoy por hoy, la propuesta de crear el Ministerio de Justicia no ofrece.

Porque si algo debe quedar claro, es que no se trata de una reforma administrativa más. Es una decisión que puede impactar de manera directa en la calidad democrática del país. Y como tal, merece algo más que apuro y disciplina partidaria: merece reflexión, crítica y responsabilidad, atendiendo las objeciones, al menos que nada de eso importe para quienes están al frente del gobierno del país.-