El drama de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) no es nuevo. Hace años se sabía que su estructura era insostenible. Años también desde que expertos advertían que la relación entre aportantes activos y jubilados era inviable. Pero la política uruguaya, atrapada en su cortoplacismo y en sus peores vicios, decidió mirar para el costado. Hoy, cuando el abismo es inminente, todos se acusan, nadie se hace cargo y, peor aún, se repite el ciclo de irresponsabilidad que nos trajo hasta aquí.

El Frente Amplio es, sin duda, protagonista principal de esta película. No solo desoyó las señales de alarma, sino que bloqueó cualquier intento de reforma —general o específica— que pudiera dotar de sostenibilidad al sistema previsional. Hoy, ya sin los costos políticos del poder, presenta una propuesta incluso más dura que la que rechazó. El oportunismo no solo es evidente: es irritante. Se exige al otro lo que uno mismo se negó a hacer. Así, la credibilidad política sufre otro golpe.

Pero la actual oposición, no está exenta de responsabilidades. Su discurso también se volvió cambiante. Legisladores que en 2022 defendían una reforma dura ahora afirman que no tocarán ni los aportes ni las jubilaciones de los profesionales. ¿El motivo? Simple: Ni oficialistas ni opositores quieren decir la verdad: que sin aumentar aportes ni reducir jubilaciones, la Caja no se salva. Lo demás son palabras vacías.

En este panorama, los jubilados profesionales hacen lo que cualquier grupo haría: defienden sus intereses. Recorren despachos, presionan, se organizan. No se les puede culpar por eso. Sin embargo, tampoco puede obviarse una realidad incómoda: las jubilaciones que perciben están, en promedio, muy por encima de lo que efectivamente aportaron. El sistema fue generoso en su momento porque podía serlo, gracias a una masa de activos que hoy ya no existe. Pretender que se mantenga esa ecuación mágica sin ajustar nada es, simplemente, negarse a ver la realidad actual.

La pregunta entonces es: ¿quién va a pagar el agujero? Porque alguien lo hará. Y si no son los profesionales, será el resto de los uruguayos. Serán los trabajadores informales, los asalariados, las empleadas domésticas, los pequeños comerciantes. Serán quienes pagan cada “timbre profesional” cuando hacen un trámite o una consulta médica. En definitiva, se socializará el costo de los privilegios de una corporación que supo organizarse y tener voz política. La injusticia de ese escenario es palmaria.

Es inadmisible que los representantes parlamentarios simplemente copien y peguen las posturas de los lobbies corporativos. El rol del legislador es pensar en el país, no solo en los sectores que más presionan. Cuando un diputado dice que no admitirá ninguna modificación a las condiciones de los profesionales, está diciendo que prefiere que otros —menos organizados, más pobres— se hagan cargo del descalabro. Ese es el verdadero escándalo.

El caso de la Caja de Profesionales es apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: un sistema político que responde más al ruido de las puertas que se golpean que a la necesidad de equidad y sostenibilidad. Un país atrapado en una telaraña de prebendas, de subsidios invisibles y de pactos corporativos disfrazados de justicia social.

Salvar a la Caja es urgente. Pero más urgente aún es reformar la forma en que se deciden estas cosas. La política no puede seguir funcionando como el brazo administrativo de los grupos de presión. Mientras no enfrentemos ese fondo, este no será el último naufragio. Será apenas el siguiente.