OSE vuelve a poner sobre la mesa una de las contradicciones más costosas de la administración pública uruguaya: mientras se proyectan grandes obras para aumentar la disponibilidad de agua potable, persiste un sistema de distribución envejecido, con tuberías deterioradas, pérdidas importantes y deficiencias administrativas que comprometen la eficiencia económica del organismo.

La discusión merece ser planteada sin condicionamientos políticos ni la idea de que toda obra de gran porte constituye, por sí misma, una solución. Antes de comprometer cientos de millones de dólares en nuevas infraestructuras, corresponde responder una pregunta elemental: ¿cuánto del agua que OSE produce y potabiliza llega efectivamente a los usuarios y cuánto se pierde por las deficiencias de su propia red?

Según estimaciones técnicas y denuncias formuladas desde el movimiento Un Solo Uruguay, las pérdidas podrían alcanzar alrededor del 50% del agua producida. A ello se sumarían volúmenes suministrados que no se facturan adecuadamente. De acuerdo con estimaciones divulgadas por ese movimiento, estas deficiencias contribuirían a generar un déficit anual del orden de los 32 millones de dólares.

Si esas cifras se confirman mediante una auditoría independiente, estaríamos ante una demostración contundente de las falencias de la gestión del organismo. Resulta difícil justificar que se pretenda aumentar la producción mientras una proporción tan importante del agua tratada podría perderse antes de llegar a los hogares.

Las redes de distribución, con tramos que superan largamente el siglo de antigüedad, constituyen uno de los principales desafíos de OSE. Roturas, filtraciones, conexiones deficientemente controladas y consumos que no se miden o facturan correctamente son problemas que exigen una respuesta sostenida. Sin embargo, en lugar de colocar esa recuperación en el centro de las prioridades, se insiste en la represa de Casupá y una nueva planta potabilizadora para el sistema metropolitano.

Casupá es un proyecto que se estudia desde 1970, pero el tiempo transcurrido no demuestra que sea la mejor alternativa. La sequía que afectó al país hace tres años dejó al descubierto la vulnerabilidad del abastecimiento metropolitano y la necesidad de asegurar reservas y diversificar fuentes. Eso no significa, sin embargo, que deban descartarse otras soluciones ni que la construcción de nuevas infraestructuras pueda sustituir una gestión eficiente.

También deben ponderarse las consecuencias ambientales y sociales de Casupá. Las objeciones planteadas advierten sobre la afectación de unas 4.000 hectáreas de monte nativo, además de tierras productivas y establecimientos familiares que podrían verse desplazados. La pérdida de ecosistemas, la afectación de la producción agropecuaria y el desarraigo de pobladores no pueden considerarse daños secundarios frente a una obra cuya conveniencia debe demostrarse.

Uruguay necesita garantizar el suministro de agua potable. Lo que debe discutirse es si la solución elegida representa la mejor utilización de los recursos públicos y si se han agotado las posibilidades de corregir las deficiencias existentes.

Una empresa bien administrada reduce pérdidas, controla costos, mide consumos y cobra correctamente por los servicios que presta. OSE, por su carácter público y por administrar un recurso esencial, debería estar obligada a cumplir esos mismos principios.

Antes de construir nuevas represas y plantas, la prioridad debe ser administrar mejor, recuperar las cañerías y reducir las pérdidas. Porque construir más para seguir perdiendo agua no es una solución: es trasladar al contribuyente el costo de una ineficiencia que el Estado tiene la obligación de corregir.

Tampoco se puede justificar que se siga caprichosamente adelante con una obra tan resistida y con razonables  cuestionamientos. Todo por querer un ministro de Ambiente, dejar su marca, ignorando la afectación ambiental y ecológica de un proyecto, hasta ahora sostenido en forma insistente por el oficialismo.