Cada vez que se concreta un ajuste en el precio de los combustibles, la discusión pública parece concentrarse en lo inoportuno o injusto del aumento. Sin embargo, el verdadero debate debería ser mucho más profundo. La pregunta relevante no es cuánto sube el litro de nafta o gasoil, sino por qué Uruguay continúa teniendo algunos de los combustibles más caros de América Latina y, en muchos momentos, entre los más costosos del mundo.

Durante décadas se sostuvo que la existencia de ANCAP respondía a un objetivo claro: asegurar el abastecimiento energético y vender combustibles al menor costo posible a la población. A ese argumento se sumó otro, repetido hasta convertirse casi en un dogma político: que las empresas públicas pertenecen al pueblo y, por tanto, trabajan en beneficio directo de los ciudadanos.

Sin embargo, la realidad parece alejarse cada vez más de esa premisa. Si el objetivo central era proteger al consumidor, resulta legítimo preguntarse por qué los uruguayos pagan sistemáticamente más que los habitantes de muchos otros países por un producto esencial para la actividad económica, el transporte y la vida cotidiana.

Las explicaciones son diversas. Una de ellas es el peso de una estructura estatal que históricamente ha funcionado con criterios alejados de los niveles de eficiencia observados en mercados más competitivos. También inciden los elevados impuestos incorporados al precio final de los combustibles, que terminan transformando cada carga de combustible en una importante fuente de ingresos para Rentas Generales.

A ello se agregan subsidios cruzados y costos que poco tienen que ver con la producción o comercialización directa de los combustibles, pero que igualmente terminan siendo absorbidos por el consumidor. En definitiva, el precio que paga el ciudadano incluye mucho más que petróleo, refinación y distribución.

La experiencia internacional ofrece ejemplos que deberían ser observados sin prejuicios ideológicos. Nueva Zelanda, un país con características productivas y territoriales comparables en varios aspectos a las de Uruguay, ha desarrollado un modelo donde las empresas estatales operan bajo criterios de mercado, con objetivos comerciales definidos y responsabilidades concretas sobre sus resultados. Las pérdidas no se trasladan automáticamente a los contribuyentes ni se justifican indefinidamente por razones políticas.

También existen antecedentes locales que cuestionan algunas verdades instaladas durante años. Durante una parada técnica de la refinería de La Teja, en el gobierno del doctor Jorge Batlle, Uruguay importó combustibles refinados y la experiencia demostró que esa alternativa podía resultar económicamente conveniente. Por su parte, países como Paraguay importan gran parte de los combustibles ya procesados y logran ofrecer precios considerablemente inferiores a los que pagan los uruguayos.

Esto no significa que la refinería deba cerrarse ni que ANCAP carezca de sentido estratégico. Significa, simplemente, que ningún modelo debería quedar exento de evaluación crítica. Las estructuras estatales existen para servir a la sociedad, no para perpetuarse a sí mismas.

Uruguay necesita una discusión madura, técnica y transparente sobre el futuro de ANCAP y sobre el verdadero costo de los combustibles. Una discusión libre de consignas, mitos y eslóganes. Porque mientras el debate siga reducido a pequeños ajustes mensuales, continuará intacto el problema de fondo.

Y ese problema es que cada ineficiencia, cada costo político y cada error de gestión terminan recorriendo siempre el mismo camino: el que conduce directamente al bolsillo de los ciudadanos.