En momentos en que Uruguay necesita más que nunca dinamizar su economía, potenciar sus exportaciones y generar empleo genuino, uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y valor agregado como lo es la pesca, se encuentra paralizado. El conflicto que atraviesa actualmente la industria pesquera ha puesto de manifiesto viejas tensiones laborales, pero también deja al desnudo la falta de una política sostenida y estratégica para un rubro que podría aportar mucho más al país.

Desde mayo, en plena zafra, la actividad está detenida. De los 54 buques pesqueros que componen la flota, la mayoría permanece amarrada en el puerto pesquero de Capurro, construido con una inversión pública de 100 millones de dólares. Las cámaras empresariales —tanto la de Industrias Pesqueras como la de Armadores— denuncian que el conflicto sindical que detuvo la actividad desconoce un convenio colectivo vigente, lo cual, de confirmarse, representa una vulneración seria del marco legal laboral que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores.

El reclamo de un sector del sindicato, que representa a los tripulantes de los barcos, ha generado una profunda fractura interna en el ecosistema de la pesca: mientras ellos exigen mejoras, las empresas se niegan a negociar fuera del convenio ya firmado, y, en paralelo, los trabajadores de las plantas procesadoras repudian el paro porque se ven directamente perjudicados. Hay, alrededor de 3.000 personas vinculadas al sector están sin trabajo. El impacto no es solo económico: también es humano.

El caso es particularmente grave porque sucede en plena temporada alta, cuando se debería estar aprovechando al máximo los recursos del mar para abastecer tanto al mercado interno como a los mercados de exportación. Según un reciente informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Uruguay podría duplicar sus exportaciones pesqueras, que en 2023 alcanzaron los 130 millones de dólares. No es una cifra menor, especialmente si se considera que este sector tiene capacidad para generar más empleos, producir alimentos de alto valor nutricional y reforzar la soberanía nacional sobre sus aguas.

Lo que está en juego, entonces, es mucho más que una pulseada salarial. Está en juego el desarrollo de una industria que arrastra décadas de conflictos, pero que también ha sido víctima de la inacción o la falta de visión estratégica de sucesivos gobiernos. La industria pesquera, que combina trabajo intensivo, innovación tecnológica y valor agregado, merece un marco estable y predecible. No puede seguir siendo rehén de disputas sindicales sin solución o de indiferencia política.

Por supuesto, el diálogo entre las partes es imprescindible. Pero ese diálogo debe tener reglas claras: si hay convenios vigentes, deben respetarse; si hay reclamos legítimos, deben canalizarse en los espacios institucionales apropiados. La anarquía o el uso del conflicto como mecanismo de presión sin límites, no puede ser tolerado en un país que aspira a desarrollarse con equidad y estabilidad.

Tampoco se puede ignorar el llamado de los empresarios del sector, que afirman con razón que la pesca ha sido tratada como una industria de segunda, a pesar de su potencial. Mientras se diseñan políticas para otros sectores estratégicos, como la forestación, la tecnología o el agro, la pesca continúa con estructuras normativas obsoletas, baja inversión pública en innovación, y falta de incentivos para la modernización.

Uruguay necesita que la pesca vuelva al mar. No solo por los miles de trabajadores que dependen de ella, sino porque como país pequeño y abierto, no puede darse el lujo de dejar sin aprovechar una fuente genuina de empleo, alimento y exportaciones. El conflicto actual debe ser una oportunidad para repensar, con madurez y compromiso, cómo hacer que la pesca deje de ser una industria históricamente conflictiva, para convertirse en una industria con futuro.