Las recientes declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, lejos de aportar claridad, han encendido nuevas alarmas en un tema de extrema sensibilidad: la seguridad pública.  Pasar de una estimación inicial de hasta dos mil posibles liberaciones de personas privadas de libertad a una cifra “bastante menor a 400” no parece un simple ajuste técnico. Más bien deja la sensación de improvisación o, peor aún, de falta de transparencia en torno a las verdaderas consecuencias de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

El viejo dicho de que “no aclares que oscurece” cobra aquí una vigencia inquietante. Porque más allá de si son dos mil, cuatrocientos o cualquier otra cifra, el punto central sigue siendo el mismo: la reforma implicaría liberar presos. Y en el contexto actual, esa sola posibilidad debería ser analizada con el máximo rigor, sin eufemismos ni ambigüedades.

Las advertencias realizadas por el senador Pedro Bordaberry no parecen antojadizas. La historia reciente ofrece antecedentes que invitan a la cautela. En 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, una política de liberaciones masivas terminó traduciéndose en un aumento significativo de la reincidencia delictiva. Aquella experiencia, lejos de ser un dato menor, debería funcionar como una lección aprendida. Sin embargo, hoy da la impresión de que se vuelve a transitar un camino similar, aunque se intente minimizar su alcance.

La pregunta es inevitable: ¿quién puede garantizar que entre los liberados no haya rapiñeros, homicidas o violadores? Más aún, ¿quién puede asegurar que, una vez en libertad, no reincidirán? La respuesta, por más incómoda que resulte, es clara: nadie. Y esa incertidumbre es, precisamente, lo que genera preocupación en una sociedad que ya convive con altos niveles de inseguridad.

El contexto actual dista mucho del de hace dos décadas. Hoy, el avance del narcotráfico ha transformado barrios enteros, generando una dinámica de violencia que se expresa en homicidios, balaceras y una creciente sensación de desprotección. En ese escenario, pensar que la liberación de cientos de reclusos contribuirá a mejorar la situación parece, cuanto menos, optimista en exceso.

Se argumenta que la reforma apunta a descomprimir el sistema carcelario. Pero cabe preguntarse si esa solución no traslada el problema de las cárceles a las calles. Porque quienes recuperan la libertad no lo hacen en un vacío: regresan a una sociedad con dificultades para ofrecer oportunidades reales de reinserción. Con niveles de desempleo elevados y escasas redes de contención, el riesgo de recaer en el delito no es una hipótesis lejana, sino una posibilidad concreta.

Aquí es donde el debate debería ser más profundo y menos ideologizado. No se trata de negar la necesidad de reformas ni de desconocer las falencias del sistema penitenciario. Se trata de evaluar con responsabilidad sus consecuencias. Apostar a un supuesto “hombre nuevo” sin considerar la realidad social puede resultar más una expresión de deseo que una política efectiva.

La seguridad pública no admite ensayos apresurados ni decisiones basadas en cálculos imprecisos. Para una sociedad que vive con miedo, cualquier cifra puede resultar significativa. Más que aclaraciones tardías, lo que se necesita es claridad desde el inicio. Porque cuando se trata de seguridad, cada error se paga caro. Y, como tantas veces, quienes terminan asumiendo ese costo son los ciudadanos.