Uruguay tiene en la pesca una riqueza evidente, pero persistentemente desaprovechada. No se trata solo de un recurso natural disponible en abundancia, sino de una actividad con potencial exportador, generadora de empleo y capaz de dinamizar una cadena productiva que hoy sobrevive entre tensiones, conflictos y decisiones erráticas.

El problema no es nuevo. Desde hace años, el sector arrastra una combinación peligrosa: conflictos sindicales recurrentes, falta de previsibilidad empresarial y una débil conducción política. El resultado es siempre el mismo: pérdida de oportunidades, caída de la actividad y, lo más grave, trabajadores que quedan a la deriva. Lo ocurrido el año pasado, con una zafra prácticamente frustrada por un conflicto largo e incomprensible, debería haber encendido todas las alarmas. Sin embargo, lejos de corregirse, los errores parecen repetirse.

El rol del sindicato en este escenario merece un análisis crítico. La defensa de los derechos laborales es legítima y necesaria, pero cuando los planteos se vuelven extremos, inflexibles y desconectados de la realidad económica, terminan perjudicando. No solo a las empresas, sino también a los trabajadores de las plantas procesadoras —que son pocas y vulnerables— y a toda la cadena asociada. Un sindicato que no mide las consecuencias de sus acciones corre el riesgo de convertirse en un factor de destrucción, más que de protección.

A este panorama complejo se le sumó en los últimos días un nuevo elemento de incertidumbre: la gestión del combustible. La decisión inicial de aplicar un aumento del 83% al gasoil marino, posteriormente revertida, dejó en evidencia una preocupante falta de criterio y previsibilidad. Más grave aún fue la forma en que se implementó: sin comunicación oficial, generando desconcierto en los operadores y una inmediata reacción de la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros.

El mensaje que se transmite es contradictorio. Por un lado, Uruguay intenta posicionarse como un hub logístico regional, confiable y competitivo. Por otro, adopta medidas que, en los hechos, espantan a quienes operan desde el puerto de Montevideo. La denuncia de los armadores extranjeros no es menor: hablan de improvisación, de decisiones técnicamente equivocadas y de un país que parece expulsar actividad en lugar de atraerla.

La pesca no puede seguir siendo rehén de esta combinación de factores. No es aceptable que un sector estratégico dependa de impulsos, conflictos mal gestionados o resoluciones que cambian en cuestión de días. La previsibilidad no es un lujo: es una condición básica para cualquier actividad económica.

Además, hay un aspecto que no se puede ignorar: la imagen internacional. Uruguay ha construido durante años una reputación de país estable, confiable y respetuoso de las reglas. Ese capital no es infinito. Cada decisión improvisada, cada conflicto que paraliza la actividad, cada señal contradictoria, erosiona esa confianza. El país necesita, con urgencia, una política pesquera integral. Una que ordene las relaciones laborales, establezca reglas claras para los operadores y garantice condiciones competitivas. Pero, sobre todo, que entienda que detrás de cada barco que no sale y cada planta que no procesa, hay empleo, divisas y oportunidades que se pierden. Seguir por este camino es resignarse a que una de nuestras riquezas más claras continúe siendo, paradójicamente, una de las más desperdiciadas.