El problema no es solo cuánto ganan los gobernantes, sino qué hacen con lo que ganan. Y allí aparecen conductas poco éticas y, en algunos casos, francamente inaceptables. Una de las mayores perversiones del sistema es la canalización silenciosa de los salarios hacia las arcas de los sectores políticos. La lógica de "donar" parte del sueldo para alimentar la estructura partidaria crea un círculo vicioso: más fondos implican más cargos, más cargos generan más ingresos, y así se expande una burocracia que muchas veces nada tiene que ver con el servicio público. La política corre el riesgo de convertirse en un sistema de recaudación disfrazado de vocación, afectando las bases mismas de la democracia.

En este contexto: ¿se justifican iniciativas como la creación de nuevas alcaldías en pequeños poblados? ¿O estamos ante estrategias para expandir la base política, multiplicando cargos y gastos, a costa del aporte de la ciudadanía? Cuando los recursos públicos se usan de esa manera, no solo se desperdicia dinero; se pierde confianza y credibilidad en las instituciones.

Es válido discutir la necesidad de ajustar los salarios políticos, especialmente en tiempos de crisis. Pero cualquier ahorro que se logre debe ser canalizado con transparencia hacia prioridades sociales reales, no hacia el fortalecimiento de estructuras partidarias. 

Cuando el dinero destinado a representantes termina alimentando un engranaje clientelista, se pervierte el sentido mismo de la representación democrática.

A esto se suman casos de evidente falta de ética, como el de Cecilia Cairo en el Ministerio de Vivienda, quien omitió el pago de tasas e impuestos por dos décadas, o el de Alejandra Koch en la Administración Nacional de Puertos, donde, como vicepresidenta, decidió ascender a su propio esposo a un cargo de alta remuneración. Lo que, si somos justos, debemos reconocer que la titular del MTOP, Lucia Etchevvery, vetó y obligó a dejar sin efectos el citado indebido ascenso. 

Pero no dejan de ser acciones, que no solo resultan inaceptables, sino que justifican plenamente la indignación ciudadana. Son muestras claras de que, en muchos casos, prima el interés particular sobre el interés público.

El verdadero problema es permitir que los recursos del Estado —que no pertenecen a los gobernantes, sino a los contribuyentes— se utilicen en beneficio de jerarquías y sistemas clientelares opacos. 

Lo que está en juego no es únicamente la economía del Estado, sino la calidad de la democracia y el respeto que merece la ciudadanía.

Por ello, debemos ser más críticos y exigentes al momento de votar y al momento de exigir transparencia y rendición de cuentas. No podemos seguir tolerando que, mientras existan jubilaciones de 20 o 25 mil pesos, por lo cual, hay quienes se horrorizan, pero a la vez, se mantengan pensiones "reparatorias" de  unos 1.500 dólares, todas ellas hereditarias hasta la tercera línea de descendencia y concedidas a personas que, en su momento, atentaron contra el orden democrático y que en realidad, no fueron ningunos héroes luchando contra una dictadura, sino que gracias a sus acciones, pavimentaron y alentaron su llegada, además de haber pactado con la misma…

Es necesario entender que la democracia no se defiende sola. Se defiende con ciudadanos atentos, informados y exigentes, que no olvidan que cada peso malgastado es un peso que falta para quienes más lo necesitan. Solo así podremos recuperar el prestigio de la política y la dignidad de la función pública, que al presente, parecería estar bastante ausente. Los hechos y no los relatos, lo prueban.