La industria de la construcción acaba de alcanzar un acuerdo que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida de
salario, hacia enero de 2030. La expresión “sin pérdida salarial” explica qué va a pasar con los ingresos del trabajador, pero deja sin responder una pregunta central: ¿qué efectos tiene sobre la productividad y el costo de construir?

Reducir el tiempo de trabajo y conservar íntegramente la remuneración no hace desaparecer el costo. Se podrá compensar con mayor
productividad, ser absorbido por la empresa o trasladarse al precio final. De una manera u otra, alguien lo tiene que asumir. Veamos un ejemplo sencillo. Imaginemos una empresa con una cuadrilla de diez trabajadores que cada uno percibe aproximadamente $80.000 mensuales. Actualmente, la empresa paga $800.000 por mes y dispone de 440 horas semanales de trabajo: 44 por cada integrante de la cuadrilla.
Con la jornada de 40 horas, continuará pagando los mismos $800.000, pero dispondrá de 400 horas. Habrá perdido cuarenta horas semanales: el equivalente a la jornada completa de una persona.

En términos económicos, esto implica que el valor de cada hora trabajada aumenta un 10%. No es una valoración política, sino una consecuencia matemática: se mantiene la misma remuneración a cambio de una cantidad menor de tiempo de trabajo. Si en esas 400 horas la cuadrilla consigue producir exactamente lo mismo que antes producía en 440, la mayor productividad habrá compensado la diferencia. Pero ¿es razonable pensar que eso ocurrirá? ¿Puede la productividad establecerse en un convenio o generalizarse mediante una norma? ¿Una pared se va a levantar más rápido porque se redujo la jornada? ¿Todas las tareas admiten incorporar tecnología o mejorar su rendimiento en la misma proporción? El propio acuerdo prevé estudiar sus efectos sobre la productividad. Es razonable, aunque yo pregunto ¿no habría sido conveniente conocer primero cómo se compensará el costo y decidir después cuánto puede reducirse la jornada? Tampoco todas las empresas constructoras tienen la misma realidad.

¿Puede compararse una empresa que levanta edificios en Punta del Este con una que hace viviendas o reformas en un pueblo del interior? La
primera puede tener mayor escala, acceso a tecnología y capacidad para distribuir costos. La segunda puede depender de una sola obra y de clientes para quienes un aumento determina si construyen o no. Hay otra diferencia relevante. Varias de las grandes empresas del sector
trabajan para el Estado. En estos casos, el aumento se traslada al valor de la obra pública. Y cuando eso ocurre, no paga una entidad abstracta
invisible llamada Estado: paga el contribuyente, el que paga impuestos.

Una ruta, un puente o una escuela más caros significan que el mismo dinero alcanza para hacer menos. El costo se cubre con impuestos,
endeudamiento o recursos que dejan de destinarse a otras prioridades. En la construcción privada el recorrido es más visible. Si una empresa
tiene que contratar más gente, pagar horas extras o asumir menor producción por el mismo salario, tendrá que reducir su margen o aumentar
el precio. El impacto termina alcanzando a quien quiere construir su casa, ampliar un comercio, hacer una reforma o comprar un apartamento.
Esto naturalmente también repercute en los alquileres, si construir nuevas viviendas es más caro o disminuye la cantidad de proyectos viables.
Es importante recalcar que este acuerdo fue negociado por representantes de trabajadores y empleadores para un sector determinado.

No se va a trasladar a toda la economía, donde conviven actividades, escalas y productividades completamente diferentes, al menos por ahora.
La discusión no termina en decir “sin pérdida salarial”. Esa expresión solamente nos dice quién no pagará directamente la reducción. Falta
responder quién sí lo hará: la empresa, el cliente, el contribuyente, el futuro trabajador que no será contratado o todos ellos en distintas proporciones.