La decisión del gobierno de avanzar hacia la estatización de las AFAP no solo constituye un error de política pública: representa, sobre todo, un preocupante desconocimiento de la voluntad ciudadana. En octubre de 2024, más del 60% de los uruguayos rechazó en las urnas un plebiscito que proponía eliminar el sistema previsional mixto. Fue un pronunciamiento claro, directo, imposible de malinterpretar. Sin embargo, hoy el oficialismo insiste en transitar ese mismo camino por otras vías, como si el veredicto popular pudiera ser relativizado o, peor aún, ignorado.

En este contexto, la voz del diputado Nahuel Morosi ha sido particularmente clara y firme. Desde su doble rol como legislador y representante joven, ha advertido que lo que se presenta como una “reforma” no es más que un intento de desmantelar el sistema actual para concentrar en el Estado la gestión de los ahorros individuales. No se trata de un ajuste menor ni de una mejora técnica: es un cambio estructural que altera las bases sobre las cuales millones de trabajadores han construido su expectativa de retiro durante décadas.

El planteamiento oficial, surgido del llamado “Diálogo Social”, apunta a limitar el rol de las AFAP y a centralizar las cuentas personales en un organismo estatal. Esta orientación ha sido celebrada por sectores sindicales como el PIT-CNT, lo cual no sorprende si se recuerda que esa misma central impulsó el plebiscito que la ciudadanía rechazó de forma contundente. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué valor tiene entonces el voto popular si puede ser sorteado mediante decisiones administrativas o reformas encubiertas?

Las críticas no se limitan al ámbito político. Economistas, analistas y organizaciones vinculadas al sistema previsional han advertido sobre los riesgos de esta iniciativa. Uruguay ha sido históricamente reconocido por su seguridad jurídica y su estabilidad institucional, dos pilares fundamentales para la confianza interna y externa. Alterar las reglas de juego de manera abrupta, especialmente en un tema tan sensible como el ahorro previsional, envía una señal de incertidumbre que el país difícilmente pueda permitirse.

Además, los beneficios que el gobierno intenta atribuir a esta reforma resultan, en el mejor de los casos, marginales. Se habla de mejoras mínimas en las jubilaciones, que podrían verse rápidamente diluidas por los costos de una estructura estatal más pesada y menos eficiente. La experiencia internacional ofrece múltiples ejemplos de sistemas centralizados que terminan generando más problemas que soluciones, con altos niveles de burocracia y menor transparencia en la gestión.

Morosi también ha señalado un aspecto clave: el riesgo de que esta iniciativa responda más a presiones corporativas que al interés general. La cercanía entre el gobierno y determinados actores sindicales alimenta la percepción de que las decisiones no están siendo guiadas exclusivamente por criterios técnicos o por el bienestar de los ciudadanos. Cuando esto ocurre, la democracia pierde calidad, y el equilibrio entre representación y poder se ve comprometido.

El fondo del asunto es, en última instancia, una cuestión de libertad. La posibilidad de que los trabajadores elijan quién administra sus ahorros no es un privilegio, sino un derecho. Reducir esa capacidad de decisión implica avanzar hacia un modelo más centralizado y restrictivo, donde el Estado asume un rol dominante que no necesariamente garantiza mejores resultados.

La insistencia en desmontar un sistema que ha funcionado durante más de 30 años y que cuenta con respaldo mayoritario no parece responder a una necesidad urgente, sino a una definición ideológica. Y es allí donde radica el mayor peligro: cuando las convicciones políticas se imponen por encima de la evidencia y del mandato ciudadano, se debilitan los cimientos mismos de la institucionalidad.

La Cámara de Diputados enfrenta ahora una decisión trascendental. Como bien ha advertido Nahuel Morosi, no se trata solo de un debate previsional, sino de una prueba de respeto a la democracia. Ignorar el mensaje de las urnas no es una opción sin costo. Porque cuando la ciudadanía habla con claridad, desoírla no es gobernar: es imponer.