Hay hechos que, por su gravedad, no deberían quedar atrapados en el paso del tiempo. No por insistencia caprichosa ni por oportunismo, sino porque una gente necesita respuestas para sostener la confianza en sus instituciones. En Salto existen varios episodios policiales que aún esperan aclaraciones. Uno de los más emblemáticos es el robo ocurrido en la Jefatura de Policía en el año 2018.

El impacto mediático fue inmediato y contundente. La noticia recorrió medios locales y nacionales, generando sorpresa y preocupación. No se trataba de un delito común: habían robado dentro del edificio que concentra la conducción policial del departamento, en un área especialmente sensible. Según la crónica de aquel momento, la Policía de Salto investigaba el robo de dinero y una computadora que habían sido incautados en distintos procedimientos y que se encontraban guardados en un gabinete dentro del local de la Jefatura Departamental.

El robo fue constatado un martes, en una oficina del Departamento de Investigaciones, lugar donde se almacenan evidencias y objetos incautados. Los ladrones lograron apoderarse de dinero en pesos uruguayos, argentinos y dólares que estaban bajo custodia policial tras diversos operativos. De acuerdo a la información primaria difundida entonces, el faltante rondaba los 200 mil pesos. Además, se llevaron una computadora portátil y varios teléfonos celulares.

Un dato no menor, y quizás el más inquietante, es que fuentes policiales indicaron que el lugar del robo era de acceso exclusivo para efectivos policiales. Es decir, no cualquier persona podía ingresar allí. A pesar de ello, en aquel momento se informaba que no había indicios claros sobre lo sucedido. Tampoco funcionaban cámaras ni sistemas de registro que permitieran reconstruir los hechos.

Pasaron los días, luego los meses, y finalmente los años. Ocho años después, no hay personas formalizadas, no hay responsables identificados y no hay explicaciones públicas contundentes. El caso, todo indica, quedó archivado. Resulta llamativo, más aún cuando el nuevo Código del Proceso Penal permite solicitar prórrogas para continuar una investigación. Aquí no pasó uno ni dos años: pasaron ocho.

Durante este tiempo cambiaron los gobiernos, se renovaron las autoridades policiales y desfilaron distintos comandos. Sin embargo, el expediente quedó estancado, y con él, las respuestas que la ciudadanía espera. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué robaron? ¿Cómo ingresaron? ¿Qué pasó con las armas, el dinero y los dispositivos incautados? 

Estas preguntas no buscan señalar culpables sin pruebas. Son interrogantes legítimos que surgen cuando un hecho de esta magnitud queda sin aclaración. Porque cuando no se explica un episodio así, no solo se debilita una investigación: se resiente la confianza pública.

Si un robo de estas características hubiera ocurrido en otro contexto, con mayor presión mediática, probablemente se habría esclarecido con rapidez, justamente por el simbolismo del lugar donde ocurrió. En Salto, en cambio, el tiempo pasó y el silencio se instaló.

La transparencia no prescribe. Los archivos judiciales pueden cerrarse, pero las preguntas de la gente  siguen abiertas. Salto merece saber qué pasó en su Jefatura en 2018. Merece saber por qué, después de tantos años, seguimos sin respuestas.