Cuando fui Presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF encontré algo que me costó creer. Los derechos televisivos se habían adjudicado mediante llamado una sola vez, y se los dieron a una empresa que ofreció 30 millones de dólares menos que el otro oferente: 50 contra 80. En otra ocasión varios clubes votaron para que la AUF recibiera 3 millones por el patrocinio de la camiseta oficial, la celeste, cuando había una oferta de 23.  El interés del fútbol era sistemáticamente sacrificado. Sugestivamente, muchos de los clubes que así votaban recibían adelantos de dinero y hacían negocios con quien tenía los derechos. Una injerencia, a mi juicio, intolerable.

Esa empresa que tenía los derechos en forma monopólica era implacable. Cláusulas de igualación, de exclusividad, periodistas propios, cámaras que enfocaban a quien le parecía. No fui ajeno a eso.

Cuando peleé por terminar con todo esto, un periodista de esa empresa me dedicaba largas diatribas diarias. Nunca me entrevistaron ni me enfocaron. Me tocó premiar a los campeones un año: en la transmisión aparecían los jugadores subiendo a recibir su medalla y, de repente, ya la tenían puesta. Me censuraban hasta premiando. No me quejé.

Hoy, como Senador, un canal de televisión abierto y la señal de cable de la empresa jamás me han invitado a una entrevista, a diferencia de otros tres canales que me convocan en reiteradas ocasiones. Algo de interés debe tener mi trabajo legislativo. Es el precio que se paga por hacer el bien. Con el cambio de estatutos y el apoyo decidido de los jugadores, su gremio, ex seleccionados y tantos otros, eso cambió. Hoy el fútbol uruguayo recibe 67 millones de dólares anuales en lugar de 15. Una transformación que nadie regaló: la pelearon.

Lo que resulta indignante es lo que vemos hoy. Ahora que la AUF hizo por primera vez en treinta años un llamado público y transparente, aparecen organismos del Estado a obstaculizar su accionar. Primero la COPRODEC, veloz para meterse en cláusulas contractuales pero con años de mora para resolver si la abusiva cláusula de igualación de la empresa anterior tiene validez. Rápida para unas cosas, no para otras.

Ahora se suma la INDDHH. Una institución con problemas gravísimos pendientes en el INAU, el INISA, las cárceles y personas en situación de calle, decide ocupar su tiempo en objetar la reglamentación de transmisiones de la AUF. Una reglamentación que sigue los estándares de la propia FIFA, que prohíbe expresamente pancartas de contenido político, discriminatorio u ofensivo en sus estadios. ¿Habría que enfocar también los mensajes comerciales no autorizados? ¿Y los carteles racistas o antisemitas? ¿La libertad de expresión obliga a una entidad privada a transmitir todo lo que ocurre en las tribunas de un estadio?

En ningún ordenamiento jurídico existe esa obligación. Mostrar imágenes de violencia en tribunas tiene un efecto documentado: incentiva a los violentos, que buscan esa visibilidad. Los argumentos se caen solos. Durante quince años, mientras unos pocos se enriquecían con derechos de televisión, ningún organismo del Estado dijo nada. Ahora que se hizo bien, aparecen.

Me quedo con la tranquilidad de haber peleado contra lo que estaba mal, defendiendo al fútbol contra el fuerte económicamente. Con la alegría de ver sentados hoy en el Comité Ejecutivo de la AUF a los jugadores y a la Organización del Fútbol del Interior, que junto con el fútbol amateur, y varios más son parte de la AUF.  Para que nunca más 50 sea más que 80, ni 3 más que 23 y no haya obligación de enfocar a los violentos en las tribunas.