La situación del Hogar del Adulto Mayor de Salto exige responsabilidad, sensibilidad y, sobre todo, capacidad de gestión. Cuando se trata de personas mayores, no estamos hablando simplemente de un inmueble, de un contrato o de una partida presupuestal. Estamos hablando de personas, de historias de vida, de derechos y de la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de atención.

Ante esta realidad, el Gobierno Departamental ha tomado una decisión que merece ser valorada en su justa dimensión: hacerse cargo del problema, asumir sus responsabilidades y procurar una solución para los doce residentes que actualmente viven en el establecimiento.

El origen de esta situación no es nuevo. El edificio donde funciona el hogar pertenece a ASSE y había sido cedido a la Intendencia mediante un comodato que lleva varios años vencido. Ante el legítimo requerimiento de recuperar el inmueble por parte del organismo propietario, la Administración Departamental debe dar respuesta a una situación jurídica que no puede desconocer ni postergar indefinidamente.

Pero hay algo que merece destacarse: el Gobierno no se desentiende, no mira para otro lado ni pretende trasladar el problema a las familias. Por el contrario, ha anunciado que asumirá los costos de alojamiento y atención de los residentes en establecimientos privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, procurando evaluar las necesidades particulares de cada persona y coordinar los traslados con sus familiares.

Eso es hacerse cargo.

Gobernar también significa enfrentar situaciones heredadas, incluso aquellas que no fueron generadas por la administración actual. Y hacerlo implica asumir costos, tomar decisiones y dar respuestas, aunque esas decisiones no siempre sean sencillas ni políticamente cómodas.

Ahora bien, reconocer la actuación del Gobierno no significa renunciar al análisis crítico ni dejar de señalar los desafíos que todavía quedan por delante. La solución anunciada constituye una respuesta necesaria frente a una situación concreta, pero no debería convertirse en una modalidad permanente de atención. La contratación de establecimientos privados, con financiamiento íntegro de la Intendencia, representa un compromiso económico que debe ser cuidadosamente evaluado. Los recursos públicos son limitados y deben administrarse con responsabilidad, procurando que cada peso invertido produzca el mayor beneficio social posible.

Por eso, superada esta primera instancia, el Gobierno Departamental deberá avanzar en la planificación de una solución estructural y sostenible. Será necesario estudiar alternativas que permitan garantizar una atención integral y de calidad a las personas mayores, sin que ello represente una carga económica desproporcionada para las arcas departamentales.

Esto no significa anteponer el ahorro a los derechos de los adultos mayores. Significa comprender que la sostenibilidad financiera también es una condición indispensable para sostener las políticas sociales en el tiempo.

La planificación deberá contemplar distintas alternativas: la posibilidad de contar con infraestructura propia o recuperada mediante acuerdos institucionales, la articulación con organismos nacionales, los mecanismos de cooperación y los modelos de gestión que permitan optimizar recursos sin resignar calidad asistencial.

También será fundamental garantizar que los traslados no impliquen una ruptura innecesaria de los vínculos afectivos y sociales de los residentes, y que exista un seguimiento efectivo de sus condiciones de vida, atención sanitaria y bienestar.

Desde el oficialismo tenemos la responsabilidad de acompañar las decisiones que buscan resolver los problemas, pero también de ejercer un contralor constructivo, señalando aquello que debe mejorarse y exigiendo que las respuestas coyunturales se transformen en políticas públicas sostenibles.

La diferencia entre administrar y gobernar muchas veces se encuentra precisamente allí: en la capacidad de hacerse cargo de los problemas del presente sin perder de vista las soluciones del futuro.

Hoy, frente a una situación compleja, la Intendencia está dando una respuesta y asumiendo una responsabilidad que no puede eludir. Mañana deberá consolidar una alternativa definitiva, eficiente y financieramente responsable.

Porque cuando se trata de nuestros adultos mayores, la obligación institucional no termina con encontrarles un lugar donde vivir. La verdadera obligación es garantizarles dignidad, cuidado y calidad de vida. El Gobierno no se deslinda, el Gobierno se ocupa. Y ocuparse también significa planificar para que las soluciones de hoy puedan sostenerse mañana.