Si algo se mueve, el Estado lo regula; si deja de moverse, lo subsidia. Ronald Reagan. Hay algo que me pasa seguido. Conversando con vecinos, productores, comerciantes, profesionales, muchas veces termina apareciendo la misma pregunta: ¿cómo puede ser que algo tan simple del Estado termine siendo tan complicado?

La respuesta casi nunca está en una sola persona ni en una sola oficina. Suele estar en algo mucho más profundo: la enorme cantidad de normas, procedimientos, formularios y requisitos que, con el paso de los años, se van acumulando hasta convertir cuestiones bastante sencillas en verdaderos laberintos administrativos. Yo estoy convencido de que el Derecho cumple una función esencial. Las sociedades necesitan reglas claras. Sin eso no hay seguridad jurídica, no hay igualdad ante la ley y tampoco hay libertad. El problema no aparece cuando existen normas, aparece cuando las normas dejan de servir a las personas y las personas terminan sirviendo a las normas.

Quienes trabajamos con expedientes, administrativos o judiciales, vemos ese riesgo con bastante frecuencia. Muchas regulaciones nacieron con una finalidad legítima y razonable. El inconveniente es que, con el correr del tiempo, se les fueron agregando requisitos, excepciones, controles, formularios y procedimientos que terminaron alejándolas de su objetivo original. Lo que estaba creado para facilitar termina dificultando. Lo que tenía que dar certezas termina generando incertidumbre.

Ronald Reagan tenía una frase espectacular que decía, “si algo se mueve, el Estado lo regula; y si deja de moverse, lo subsidia.” Esta cita tiene la virtud de dejarle al lector una pregunta abierta: ¿no será que a veces nos estamos confundiendo el hacer con regular sin sentido? ¿No damos por hecho que la respuesta a cada dificultad consiste en agregar un requisito más, un trámite más o un procedimiento más?

No se trata de cuestionar el trabajo del Parlamento ni la importancia de las leyes. Todo lo contrario. Una democracia fuerte necesita un Poder Legislativo activo, transparente, con recursos, que discuta y apruebe las normas que el país necesita. Pero también necesita administraciones públicas capaces de revisar permanentemente sus propios procedimientos, eliminar regulaciones que perdieron sentido, simplificar trámites y evitar que la burocracia termine convirtiéndose en un fin en sí mismo para justificar el sueldo de algunos tecnócratas.

Porque la inmensa mayoría de las dificultades que enfrenta un ciudadano no provienen de una ley aprobada por el Parlamento. Provienen de
reglamentos, resoluciones, instructivos, criterios administrativos o prácticas que se fueron consolidando con los años y que muchas veces nadie volvió a cuestionar. Como suele ocurrir en el Estado, es más fácil agregar un requisito que eliminarlo. Y esa acumulación tiene consecuencias. No las sufre quien dispone de grandes estructuras administrativas o puede contratar especialistas para resolver cualquier trámite. Las sufre el pequeño productor, el comerciante, el profesional independiente y el emprendedor que, además de trabajar, tienen que dedicar horas a entender qué papel falta, qué formulario cambió o qué oficina interpreta una norma de manera distinta a otra.

Creo que la buena administración pública debería proponerse exactamente lo contrario. Cada nueva regulación debería ir acompañada de una revisión de las anteriores. Cada procedimiento debería justificarse por la utilidad que aporta y no simplemente por la costumbre de seguir haciéndolo así. Y cada funcionario, cada jerarca y cada gobernante debería preguntarse con honestidad si la decisión que está tomando realmente le hace la vida más fácil al ciudadano o solamente hace más cómodo al propio Estado.

Capaz llegó el momento de cambiar la pregunta. En vez de responder cada dificultad con una nueva norma, tal vez deberíamos empezar a preguntarnos qué norma podemos simplificar, qué trámite podemos eliminar y qué procedimiento podemos hacer más ágil. Porque un país no se vuelve más serio por acumular páginas en el Diario Oficial. Se vuelve más serio cuando sus reglas son claras, estables y razonables. Y cuando el Estado entiende que su mejor aporte no siempre consiste en hacer más, sino muchas veces en estorbar menos.