La discusión pública en torno a las políticas sociales ha ingresado en un terreno sumamente peligroso para el porvenir de la República. La propuesta impulsada desde sectores del gobierno frenteamplista de entregar transferencias monetarias sin exigir absolutamente nada a cambio representa un retroceso imperdonable en materia de equidad, desarrollo y justicia distributiva. En las administraciones fundacionales de Tabaré Vázquez y Danilo Astori, el Estado aplicó un criterio de rigurosa responsabilidad cívica y social: para percibir los beneficios, se exigía inexcusablemente que los niños concurrieran a la escuela y cumplieran con los controles sanitarios correspondientes. Aquel modelo entendía que la ayuda económica debía ser un puente hacia la superación, nunca un fin en sí mismo.