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El comunicado difundido por la Comisión Interna del Hospital Regional Salto y la Departamental Salto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública parte de una premisa equivocada y profundamente inapropiada para el debate público. Quienes firman el texto incurren en un enorme error al suponer la existencia de un plan maquiavélico diseñado para dañar o perjudicar deliberadamente la imagen del principal centro asistencial del departamento.

No hay conspiraciones ocultas ni maniobras orquestadas para golpear una institución pública; lo que existe es una verdadera alarma social provocada por los fallecimientos ocurridos recientemente y por la legítima preocupación de las familias ante hechos que conmueven a toda la comunidad.

Cuando ocurren muertes que generan interrogantes y dolor en los hogares salteños, la inquietud ciudadana no nace de una campaña artificial ni de un capricho mediático. Surge de la realidad cotidiana, de la angustia de quienes acuden a un servicio esencial confiando en recibir respuestas oportunas y seguras. Pretender reducir esa preocupación colectiva a una supuesta manipulación política o mediática implica desconocer el pulso de la sociedad y eludir el fondo del asunto.

Aún más desacertado resulta el tono con el que los firmantes se dirigen al sistema político y, muy especialmente, a los periodistas, exigiendo que actúen con responsabilidad, ética y rigurosidad. Se equivocan groseramente en ese planteo. Quienes ejercen el periodismo con seriedad y compromiso con la verdad —como ocurre habitualmente desde estas páginas— no necesitan lecciones de responsabilidad ni pueden aceptar de ninguna manera semejante llamamiento. Informar sobre situaciones que afectan la salud de la población, recoger el testimonio de familias afligidas y formular preguntas incómodas no constituye una falta de ética: es el cumplimiento estricto del deber periodístico.

Tampoco pueden aceptar semejante señalización los periodistas que cumplen con su rol profesional en un sistema democrático. La prensa no está para actuar como caja de resonancia de comunicados institucionales ni para silenciar episodios sensibles en nombre de una concordia mal entendida. Señalar a los comunicadores o a los sectores políticos opositores como responsables del malestar existente es una salida fácil que desvía la atención de lo verdaderamente importante.

El problema no son los periodistas ni los políticos opositores. El problema real radica en lo que está ocurriendo dentro del Hospital de Salto y en las causas profundas que han llevado a este clima de desconfianza y zozobra. Esos hechos son los que deberían ser analizados con seriedad, autocrítica y profundidad por quienes hoy impulsan estos llamamientos y reclamos.

Resulta comprensible y justo condenar cualquier forma de agresión verbal, amenaza o violencia física contra quienes trabajan en la salud pública, así como resguardar el normal funcionamiento de los servicios. Sin embargo, el respeto mutuo se construye reconociendo los problemas cuando aparecen y ofreciendo transparencia frente a la ciudadanía, no poniendo bajo sospecha a quienes cumplen con su función de informar y fiscalizar.

La confianza de la población en el Hospital Regional Salto no se recupera atribuyendo intenciones aviesas a la prensa o a la oposición política, sino esclareciendo lo sucedido, fortaleciendo los controles y dando respuestas claras a una comunidad que hoy observa con inquietud lo que ocurre en su principal centro de salud. Mirar hacia afuera para explicar el malestar interno es un error grave que posterga las soluciones que Salto necesita.

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