Si alguna vez compraste un producto porque un influencer te lo recomendó y terminó siendo un desastre, o por lo menos no era lo que esperabas, seguro te preguntaste: ¿y ahora? ¿Me puedo quejar, o tengo que aguantar? La publicidad engañosa no es solo cosa de grandes empresas y medios de comunicación tradicionales. En la era digital, los influencers también pueden jugar un rol clave en que alguien termine comprando algo que no cumple lo prometido.

En Uruguay, la Ley de Defensa del Consumidor establece que la publicidad debe ser clara, veraz y no inducir a error. Esto aplica a cualquier forma de promoción, desde un spot en televisión hasta un video de Instagram. Si la publicidad es engañosa, puede haber responsabilidades legales.

El problema es que en redes sociales muchas veces no queda claro si el influencer realmente usa el producto o simplemente está publicitando algo porque le pagaron. ¿Te lo recomienda porque le funciona o porque hay un contrato con la marca de por medio? Si no aclara que es publicidad y el consumidor lo toma como una opinión honesta, el engaño es doble.

Pensemos algunos ejemplos típicos: te ofrecen una crema que “elimina las arrugas en dos semanas”, un suplemento que “quema grasa sin esfuerzo” o una inversión “sin riesgos y con rendimientos altos garantizados”. Comprás, confiando en la publicidad, y después te das cuenta que los resultados no son ni cerca lo que te vendieron. ¿Qué podés hacer en estos casos? Primero, exigir la devolución del dinero, después denunciar ante Defensa del Consumidor o incluso reclamar daños y perjuicios si hubo un perjuicio económico concreto mediante acciones judiciales.

Pero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del influencer? Si recibe dinero o beneficios para promocionar un producto y lo hace con afirmaciones falsas, podría ser considerado responsable por publicidad engañosa. En otros países ha habido casos sonados de influencers demandados por promover esquemas fraudulentos donde su “comunidad” invertía en estos esquemas basándose en la confianza que este mediático les brindaba, incluso muchas veces inventando experiencias propias de éxito.

Casos como el de Lindsay Lohan y Jake Paul, que fueron multados en Estados Unidos por promocionar criptomonedas sin revelar que habían recibido pagos por hacerlo, o el de Chiara Ferragni, quien enfrenta un juicio en Italia por presunto fraude relacionado con productos vendidos bajo una falsa promesa benéfica, muestran que las autoridades comienzan a tomar medidas más estrictas. La propia Kim Kardashian, que tiene 358 millones de seguidores en Instagram -sí, 358 millones- fue demandada por promocionar muebles que, según la denuncia, eran imitaciones de diseños patentados.

Las redes sociales se han convertido en un espacio comercial donde la confianza juega un papel fundamental. Muchas personas toman decisiones de compra basándose en la palabra de influencers, sin saber si realmente probaron los productos o si solo están promoviendo algo por un acuerdo económico. Esta falta de transparencia es lo que ha llevado a las regulaciones a endurecerse en varios países, obligando a los creadores de contenido a ser más claros sobre su relación con las marcas.

En Uruguay, si bien aún no hay antecedentes tan sonados o polémicos, la ley es clara: quien induce a error a los consumidores puede enfrentar consecuencias legales.

El derecho está permanentemente intentando ponerse al día con la velocidad del mundo digital, pero el principio es el mismo siempre: cuando alguien te vende algo con publicidad engañosa, está violando la ley. Y si un influencer decide usar la confianza y su credibilidad para promocionar productos malos, también debe responder ante la ley. Porque en un mundo donde las redes sociales son el nuevo canal de venta, la responsabilidad también es de quien recomienda.

Al final del día, la frontera entre la publicidad honesta y engañosa no depende de si el mensaje viene de una empresa tradicional o de un influencer con miles y miles de seguidores. Lo que importa es si la información es real.