La deriva autoritaria que devora sin pausa a Nicaragua ha cruzado el umbral definitivo de la desvergüenza política para instalarse por completo en los terrenos más oscuros de la monarquía absoluta. Asistimos a la consumación de una farsa grotesca y calculada, disfrazada de proceso constituyente, donde el matrimonio gobernante compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende sepultar de una vez por todas cualquier vestigio de sufragio libre, pluralismo político o alternancia democrática. Solo faltaría que el servilismo cortesano del oficialismo se atreviera a proclamarlo formalmente a gritos en las plazas públicas: Su majestad imperial: Daniel Ortega. ¡Cuánta desfachatez acumulada! ¡Qué ignominia tan profunda para la democracia americana y para la dignidad de todo un continente!

Lo que el régimen ha denominado eufemísticamente como un proceso de consultas nacionales para legitimar las inaceptables reformas constitucionales —ordenadas directamente el pasado 19 de julio para impedir que los legítimos adversarios políticos vuelvan al poder— no ha sido más que un humillante y predecible desfile de sumisión institucional. Durante semanas enteras, por las sedes de esta pantomima han transitado militares, policías, funcionarios públicos, empresarios, banqueros y diversos sectores obligados a callar, bajo el terror palpable de sufrir graves represalias si osaban articular una sola objeción. No se ha registrado de manera pública ni una sola voz disidente, ni una sola propuesta capaz de enmendar el libreto dictado con mano de hierro desde el búnker presidencial. Una unanimidad fabricada a golpe de miedo que ofende la inteligencia y pisotea flagrantemente la dignidad humana de cada ciudadano.

Sin embargo, el rasgo más repugnante, cínico y revelador de esta mascarada estriba en la participación descarada de la propia descendencia presidencial. En un ejercicio obsceno de nepotismo dinástico y sin precedentes en la historia moderna de la región, los hijos del matrimonio gobernante se han erigido cínicamente en los principales voceros de los sectores supuestamente independientes. Daniel Edmundo ha comparecido hablando en nombre de los comunicadores; Camila ha dictado la línea de las micro, pequeñas y medianas empresas; Laureano ha fungido como falso representante de los inversionistas y el sector económico; y Maurice se ha presentado como el portavoz oficial del deporte nacional, mientras Rafael presencia impávido el reparto.

Ver a la prole familiar autoproclamarse abanderada de la nación en mesas de supuesta consulta ciudadana constituye una ofensa intolerable a la soberanía popular y a la decencia cívica. No consultan al pueblo soberano; se consultan a sí mismos en un círculo cerrado de impunidad. Reparten los pedazos de la república entre los herederos de la dinastía como si el Estado nicaragüense fuera una hacienda privada heredada por derecho de conquista feudal.

Esta degradación institucional destruye por completo los cimientos del republicanismo en el continente americano. La prohibición absoluta de celebrar elecciones libres, justas y transparentes, sumada a la extensión arbitraria de mandatos, confirma sin lugar a dudas que la cúpula gobernante le teme infinitamente más a la voluntad soberana de las urnas que a la condena unánime de la comunidad internacional. Al convertir la nación en un feudo familiar inexpugnable, los Ortega-Murillo no solo asfixian las libertades ciudadanas más elementales, sino que consolidan un insulto permanente a la historia de lucha y dignidad de un pueblo valiente que tarde o temprano romperá sus cadenas para reconquistar su libertad. La historia juzgará implacablemente esta ignominia sin retorno. ¿Hasta cuándo tolerará la comunidad internacional esta burla flagrante a los derechos democráticos fundamentales en el corazón de América?