A fines de la década de 1980, Mijaíl Gorbachov impulsó la política de la Glasnost —término ruso que significa “apertura”— como parte de su programa de reformas conocido como *Perestroika* (reconstrucción).  La Glasnost apuntaba a introducir mayor transparencia informativa y a garantizar el acceso a la información en la Unión Soviética, un país donde durante décadas había reinado el secretismo estatal. La idea era sencilla y poderosa: sin información clara y accesible, no puede haber participación ciudadana ni decisiones responsables.
Ahora bien, uno podría pensar que en nuestro país no hace falta una “Glasnost”. ¿O tal vez sí?

Conviene empezar por casa. A comienzos de este siglo, distintos reclamos periodísticos y planteos en la Junta Departamental derivaron en una reforma parcial del Reglamento Interno. El problema que se buscaba resolver era concreto: cuando las comisiones informaban sobre la propuesta de archivar determinados asuntos, en las convocatorias a las sesiones ordinarias únicamente se citaba el número de expediente.
En la práctica, esto hacía casi imposible que los ediles supieran de qué se trataba el tema a archivar. Si eran numerosos los asuntos, el desconcierto era mayor. Solo aquel edil que hubiese conservado todas las convocatorias de la legislatura podía rastrear con paciencia qué expediente estaba en juego, y así tomar una decisión informada. Para el resto, la opción era recurrir a los funcionarios y solicitar que les enviaran los originales, lo que suponía una pérdida de tiempo tanto para los ediles como para los trabajadores administrativos.
La pregunta es inevitable: ¿por qué dificultar deliberadamente el acceso a la información, incluso a los propios representantes y a la prensa, y por extensión a la ciudadanía? ¿Qué sentido tiene mantener en secreto los motivos de un archivo?

El artículo 21 del Reglamento Interno es muy claro: establece que debe leerse “un extracto de cada asunto entrado y el/la Presidente/a proclamará el trámite dispuesto”. Muchas veces —o casi siempre— la lectura de los asuntos entrados se suprime porque los detalles se adjuntan a la convocatoria. Y si eso funciona bien en la etapa de ingreso, ¿por qué no aplicar el mismo criterio cuando se propone su archivo?

En teoría, el plenario corrigió esa situación. Con la nueva redacción del artículo 107, se dispuso que “Propuesto el archivo de un asunto, se comunicará al Presidente/a que dará cuenta de ello a la Junta en el repartido que contendrá, a tales efectos, en el informe de la Comisión respectiva, un extracto del asunto”.

El problema es que, en la práctica, no se está cumpliendo. Hoy por hoy, en esos repartidos solo aparece el número de asunto, sin el extracto correspondiente. Como resultado, los medios de comunicación desconocemos de qué se trata y, por ende, no podemos informar debidamente a la ciudadanía.

La transparencia no es un lujo ni una formalidad. Es un principio básico de la vida democrática. Cumplir con lo que establece el reglamento es un primer paso necesario, pero no suficiente. Quizás también haga falta algo más: recuperar el espíritu de aquella Glasnost que, aunque nacida en un contexto muy distinto, nos recuerda una verdad universal. Sin información clara, todo se convierte en un acto de fe. Y la democracia, lo sabemos, no debería sostenerse en secretos, sino en la confianza que da la transparencia.
¿No sería hora, entonces, de aplicar un poco de ”Glasnost local” también en estos temas?