La reciente decisión del gobierno nacional de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje y apoyo preventivo en materia de seguridad pública abre un debate profundo, no solo sobre la estrategia de combate al delito, sino también sobre la coherencia política de quienes hoy gobiernan Uruguay. Seamos claros: frente al avance del narcotráfico, el aumento de la violencia y la consolidación de territorios dominados por organizaciones criminales, resulta razonable analizar todas las herramientas institucionales disponibles para recuperar el control territorial. Si la gravedad del problema exige una participación más activa de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad interna, esa discusión debe darse con seriedad, responsabilidad y, sobre todo, mediante la creación de un marco legal claro que delimite competencias, responsabilidades y controles democráticos.