En política, la memoria no es un detalle menor; es una obligación cívica. Un pueblo sin memoria está condenado a ser manipulado por discursos oportunistas, por relatos construidos según la conveniencia del momento y por quienes cambian de principios tan rápido como cambian de lugar en el poder.

En estos días, tomando como referencia las declaraciones del Dr. Eduardo Lust, resulta inevitable poner sobre la mesa una contradicción cada vez más evidente del Frente Amplio: cuando fueron oposición, hicieron de la descalificación sistemática una herramienta política cotidiana; hoy, siendo oficialismo a nivel nacional, reclaman respeto institucional frente a críticas fundamentadas dirigidas al presidente Yamandú Orsi.
Conviene recordar lo ocurrido durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio no dudó en cuestionar, desacreditar y, muchas veces, instalar acusaciones basadas más en construcciones políticas que en hechos comprobados. Se atacó la figura presidencial con dureza, recurriendo frecuentemente a narrativas que buscaban erosionar legitimidad y confianza pública. Solo por poner un ejemplo, se dijo del Presidente Lacalle Pou tenía una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva. Sin embargo, ahora que ocupan el gobierno, pretenden establecer una nueva regla: que toda crítica al presidente Orsi sea presentada como agravio institucional.
Ese razonamiento es intelectualmente insostenible.

Criticar con falsedades es condenable. Pero criticar con hechos, con datos y con verdad no es agraviar: es ejercer ciudadanía, control democrático y responsabilidad republicana. Confundir cuestionamiento político con falta de respeto institucional constituye una peligrosa forma de blindaje del poder.

Ese mismo patrón de conducta puede observarse claramente en Salto. Luego de dos períodos consecutivos al frente del gobierno departamental, el Frente Amplio pretende hoy actuar como si no tuviera responsabilidad alguna sobre la realidad que dejó detrás. Infraestructura deteriorada, desequilibrios financieros, problemas de gestión y múltiples áreas críticas no surgieron por generación espontánea. Son consecuencia de decisiones políticas, prioridades equivocadas y omisiones acumuladas.

Sin embargo, en lugar de asumir autocríticamente su cuota de responsabilidad, el discurso frenteamplista local intenta desplazar el debate hacia las formas. Ya no discuten el fondo de las críticas: discuten el tono.

Se afirma que ciertas declaraciones “no son institucionalmente adecuadas”, que “van contra el espíritu de la Junta Departamental” o que “afectan la convivencia democrática”. Pero detrás de ese argumento subyace una intención evidente: silenciar denuncias incómodas y evitar que la ciudadanía conozca la magnitud real de la mala gestión heredada. En otras palabras, pretenden tapar el sol con un dedo.

Esperan que el oficialismo departamental guarde silencio, minimice errores del pasado y actúe como si exponer la verdad fuese un acto de agresión. Pero callar frente a la realidad no fortalece las instituciones; las debilita.

Más preocupante aún es la actitud de una oposición que no parece orientada a construir, sino a obstaculizar. Una oposición madura fiscaliza, propone y mejora. Una oposición irresponsable bloquea por cálculo político. Eso es precisamente lo que se observa en temas centrales como el financiamiento y el presupuesto quinquenal. La negativa a acompañar instrumentos fundamentales para la gestión no estuvo respaldada por argumentos técnicos sólidos ni por propuestas superadoras. Fue, en demasiados casos, oposición por oposición misma: poner palos en la rueda para dificultar gobernabilidad.

Frente a este escenario, quienes hoy tenemos responsabilidades de gobierno departamental no podemos elegir el silencio. Debemos hablar con claridad, con firmeza y con memoria. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre. La ciudadanía merece conocer qué se hizo, qué no se hizo y por qué Salto enfrenta hoy tantas dificultades. Merece también distinguir entre una crítica honesta y una estrategia deliberada de obstrucción política.

Uruguay, y especialmente Salto, necesita ciudadanos atentos, informados y críticos. Ciudadanos capaces de quitarse la venda de los ojos y rechazar relatos diseñados para encubrir responsabilidades. Porque la memoria política no debe ser selectiva. Cuando llegue el momento de volver a decidir, que sea con plena conciencia de lo ocurrido. Que nadie pueda decir que no sabía. Que nadie pueda alegar desconocimiento.
Y que, si la historia pretende repetirse, exista una ciudadanía suficientemente lúcida para decir con convicción: nunca más FA.