Cuando una persona va presa, la sociedad empieza a pagar por su estadía. Eso es necesario: una cárcel precisa funcionarios, seguridad, comida y atención médica. Lo que no parece necesario es que esa persona pase los años sin trabajar, sin aprender un oficio y sin aportar nada al costo de su estadía.

En Uruguay hay más de 17.000 personas privadas de libertad. Mantener a cada una cuesta unos mil dólares por mes. La cuenta supera entonces los 17 millones de dólares mensuales y los 200 millones al año. La pagan trabajadores, jubilados, comerciantes, emprendedores, y empresarios. Contribuyentes, en buen romance. Parece injusto para quienes sostienen ese gasto y también es una oportunidad perdida para quien algún día recuperará la libertad.

Pensemos en alguien que entra a la cárcel con veinte años. Puede pasar el tiempo sin otra rutina que la del encierro. O puede aprender carpintería, cocina, mantenimiento, mecánica o alguna otra tarea productiva; acostumbrarse a cumplir horarios, agarrar hábitos de trabajo y recibir una remuneración.

En algunos casos previstos por la ley, trabajar también le permite reducir el tiempo de reclusión. Si sale antes y con mejores herramientas para reinsertarse, hay una ganancia para él y para toda la sociedad.

El trabajo no borra el delito ni reemplaza la condena. Tampoco garantiza que nadie vuelva a delinquir. Pero sería difícil sostener que años de ocio preparan mejor a una persona para vivir en libertad que años de trabajo y formación. Aprender un oficio puede darle una posibilidad de empleo, permitirle ayudar a su familia y ofrecerle una forma distinta de organizar su vida.

Hay además una cuestión de responsabilidad con quienes están afuera. No parece justo que alguien madrugue para abrir su negocio, cumpla una jornada de trabajo o haga rendir su jubilación y tenga que afrontar íntegramente el costo de una reclusión mientras una persona en condiciones de trabajar no contribuye en nada. Tampoco se espera que cada preso genere mil dólares por mes. Pero entre cubrir toda la cuenta y no recibir aporte alguno existe mucho espacio para mejorar.

Hoy hay en discusión algunas propuestas. Desde el gobierno se impulsa un proyecto para regular el trabajo penitenciario y mejorar sus condiciones y remuneración, aunque el borrador plantea que sea voluntario. Desde la oposición se insiste en que trabajar sea una obligación efectiva para quienes cumplen condena y que parte de lo obtenido contribuya a pagar su estadía. Pedro Bordaberry ha defendido esta idea. También se han planteado recursos para crear espacios de trabajo dentro de las cárceles.

Hay algo que debería ordenar esa discusión: la ley uruguaya ya establece que el trabajo es obligatorio para las personas condenadas. También prohíbe que sea forzado o humillante. El problema es que una obligación escrita no crea por sí sola talleres, herramientas, formación ni tareas disponibles. Antes de renunciar a ella, deberíamos hacer lo necesario para cumplirla.

El trabajo debe tener reglas claras y ser remunerado. Una parte de lo ganado podría destinarse a reparar a la víctima, según el caso, otra a las obligaciones familiares, otra a un ahorro para cuando termine la condena y otra a contribuir con los gastos de reclusión. Así, quien está preso asume una responsabilidad y, al mismo tiempo, construye alguna posibilidad para el día en que salga.

Respetar los derechos de una persona privada de libertad no impide exigirle que trabaje en condiciones dignas. Aprender, producir y recibir una remuneración puede ser una oportunidad de crecimiento personal durante años que, de todos modos, deberá pasar en el sistema penitenciario.

Pagamos más de 17 millones de dólares por mes para mantener nuestras cárceles. Cuando una persona termina su condena, la cuenta puede cerrarse ahí o reincidir con un nuevo delito, una nueva víctima y una nueva condena. Si sabemos que un preso más tarde o más temprano va a salir, ¿no deberíamos exigir que el tiempo y el dinero invertidos sirvan también para que después que salga pueda vivir de su trabajo?