En Salto se vive una situación que, cuanto menos, resulta contradictoria. Llega la ministra, anuncia que se va a reforzar el área quirúrgica, cuestiona que el Hospital de Salto no tenga cirujano de guardia en la emergencia y pone el foco en los traslados de pacientes a Bella Unión para ser operados. Todo eso suena razonable. El problema aparece cuando no se responde lo esencial: cómo se administran realmente los recursos humanos que ya existen.

En ese marco, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue clara en su mensaje público: “No vamos a eludir ningún problema en el cual en medio esté la gente. Este hospital va a tener que resolver los problemas de gestión que tiene para que la mayoría de los ciudadanos puedan ser operados acá. Cuando sean derivados a otro lugar, deberán ser a centros de referencia en patologías de muy baja incidencia y que tengan que resolverse en un lugar de altísima complejidad. Pero el 90% de los problemas se deben resolver acá”.

La afirmación es fuerte y compartible. El interrogante es cómo se traduce en los hechos.

Y acá hago una aclaración necesaria: escribo no solo como periodista, sino también como usuario de la salud pública, usuario del Hospital Regional de Salto, alguien que conoce el sistema desde adentro, desde la espera, desde los pasillos y desde la incertidumbre que viven cientos de familias.

Porque mientras se habla de faltantes, en Salto hay —o hubo— uno de los mejores cirujanos al norte del río Negro, hoy trabajando en una policlínica barrial, una UBA, fuera del sistema quirúrgico de ASSE. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué está pasando detrás de este caso?

Se cuestionan los traslados, se cuestiona la ausencia de cirujano de guardia en la emergencia, pero no se explica por qué un profesional altamente capacitado no está en un quirófano del hospital público. Se habla de resolver el 90% de los problemas en Salto, pero no se aclara por qué se deja al margen a alguien con formación, experiencia y resultados comprobables. Ahí aparece la contradicción entre el discurso y la práctica.

El argumento de la pandemia aparece y desaparece según convenga. Es cierto que la pandemia generó retrasos quirúrgicos en todo el país. Pero también es cierto que ya pasaron varios años y muchas listas de espera no se actualizaron. ¿No resulta contradictorio entonces que, en nombre de esa demora, se mantenga excluido a un cirujano especialista en cáncer y en cirugías complejas?

En los últimos días, además, se conoció que este profesional atravesó dieciséis sumarios administrativos, todos resueltos a su favor. Como periodista y como usuario del sistema de salud, tuve acceso parcial a documentación que forma parte de esos expedientes, oficialmente. Y acá surge otra pregunta incómoda: ¿es correcto que se exponga información de un expediente administrativo? ¿No existe la confidencialidad que debería proteger tanto al profesional como al sistema?

Lo llamativo es que, en todo ese recorrido, no aparece una sola denuncia sobre su capacidad técnica. No hay cuestionamientos formales a su desempeño como cirujano y sus resultados . Lo que aparece, según se comenta, es que es exigente, que tiene un carácter fuerte con residentes y colegas. Y acá vale una reflexión: ¿no debería un cirujano ser exigente? ¿No está en juego la vida de las personas en cada cirugía?

Un quirófano no es un ring de boxeo ni una charla de pasillo. Requiere concentración plena, silencio, respeto y disciplina. Y, sobre todo, respeto por el paciente, que está sedado y confía su vida al equipo médico.

La historia del Dr. Martín Enrique Salvatierra Baptista en el Hospital de Salto no es menor. Desde su etapa como residente impulsó mejoras técnicas, organizativas y docentes. Fortaleció la cirugía mínimamente invasiva, amplió la laparoscopía avanzada, mejoró la seguridad del paciente y redujo complicaciones. Fue docente, encargado del block quirúrgico y adjunto a la dirección. Durante su gestión, la lista de espera quirúrgica bajó a menos de 30 pacientes.

Hoy, ese mismo profesional está fuera del sistema quirúrgico de ASSE. No por fallas técnicas comprobadas, sino por conflictos internos, silencios y decisiones que nadie termina de explicar con claridad.

Tal vez algunos digan que insistir con este tema es ser recurrente. Puede ser. Pero cuando se afirma que el 90% de los problemas deben resolverse en Salto y eso no ocurre, insistir también es una forma de responsabilidad periodística y ciudadana.

Porque la pregunta sigue siendo la misma: si faltan cirujanos, si no hay cirujano de guardia en la emergencia, si se busca evitar traslados innecesarios, ¿por qué se excluye a quien demostró capacidad, compromiso y resultados? Y, sobre todo, ¿qué intereses se están jugando detrás de este caso?

Esto continuará.