La reciente polémica en torno a los reiterados desplazamientos del canciller Mario Lubetkin hacia territorio italiano, sumada a los antecedentes de administraciones pasadas con figuras como el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, pone sobre la mesa una conducta recurrente que excede el error administrativo y desnuda una persistente forma de entender el ejercicio del poder. Es indispensable subrayar, desde el inicio y con absoluta claridad, que nos encontramos ante hechos que no han sido probados de forma irrefutable, tratándose hasta el momento de trascendidos periodísticos y de una discusión de índole político-parlamentaria. No estamos ante sentencias firmes ni ante evidencias concluyentes que confirmen desvíos dolosos, sino ante sombras y zonas grises que ameritan prudencia.

Sin embargo, aun en el terreno de la mera presunción, el asunto resulta suficientemente grave como para reflexionar hondamente sobre la ética republicana. De confirmarse categóricamente los trascendidos que vinculan misiones oficiales con agendas opacas, traslados confusos y presuntos usos de recursos estatales para fines estrictamente privados, los hechos merecerían ser enérgicamente censurados. Conviene precisarlo sin ambages: nada tiene de malo que funcionarios que perciben remuneraciones cuantiosas viajen por el mundo, solos o acompañados, ni que visiten a amistades o familiares en Italia o en cualquier otro confín del planeta. La libertad personal es inalienable y cada ciudadano es dueño de gastar su patrimonio legítimamente ganado en la esfera de su privacidad. El límite infranqueable, cívica y éticamente hablando, surge exclusivamente cuando se comprueba que esos periplos, los pasajes de avión y los generosos viáticos se financian con el esfuerzo y los impuestos de todos los ciudadanos.

Lo reprochable, de probarse, no sería el destino elegido ni los afectos que se cultiven, sino la utilitarización de los resortes del Estado para solventar agendas de índole personal bajo el ropaje institucional de misiones diplomáticas. Cuando un jerarca confunde el erario público con una chequera discrecional, defrauda la confianza depositada. Pero la exigencia de pruebas es el pilar de cualquier garantía democrática, y ningún juicio sumario mediático o político debe sustituir a la verdad material.

La doble vara con la que a menudo se mide la conducta política según el color partidario añade una dosis de indignación a la discusión pública. No cabe duda de que, si escándalos de esta naturaleza —con este nivel de suspicacia y sospecha— hubiesen tenido como protagonistas a figuras de la coalición republicana, el arco político frentista habría puesto el grito en el cielo de inmediato, exigiendo renuncias sin aguardar mayores pruebas.

Sin embargo, cuando los cuestionados pertenecen a las filas propias, la reacción simétrica suele demorarse o diluirse. La república exige rigor, mesura y una rendición de cuentas genuina, evitando tanto la defensa corporativa automática como la condena sin pruebas. La ciudadanía merece respuestas claras y desprovistas de soberbia, bajo el entendido de que la duda razonable y la presunción de inocencia deben imperar, sin que ello exima a los gobernantes de dar el ejemplo más cristalino de probidad.