Unos pocos hoy se benefician de mucho, mientras que muchos se perjudican. Existen en el Uruguay sectores corporativos y sindicales que se benefician en perjuicio de los medianos y pequeños empresarios y trabajadores. Eso pasa en el transporte metropolitano, en la salud pública, pasaba en el fútbol, y ahora pasa en la construcción. El 3 de agosto se firmó un convenio entre la cámara empresarial de la construcción y el sindicato del sector que rige hasta 2031. Ninguno de los firmantes pagará el costo de lo acordado. Lo pagaremos el resto de los uruguayos.

El convenio combina una reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas con un aumento salarial real. El precio de la hora de trabajo sube 11,7% en cinco años. Pero ese no es el costo real: como las horas que se eliminan hay que reponerlas con más personal o con horas extra, el costo laboral por unidad de obra construida subirá entre 13,1% y 21,8%, con un escenario central de 15,5%: US$ 169 millones anuales para el sector. Y el convenio no exige a cambio una sola mejora de productividad. Nadie estudió, antes de firmar, si se podía pagar esa cuenta.

El impacto no es parejo. En vivienda, donde el trabajo pesa cerca de la mitad del costo, la obra se encarece entre 7% y 8,2%. En una ruta o un puente, donde pesan más los equipos y el asfalto, el encarecimiento es de 4,3%. Y en la obra pública podría dejar sin cubrir entre 14% y 44% del aumento real de costos.

¿Quién termina pagando? No las grandes empresas que trabajan para el Estado. Estas no van a resignar sus números: el Estado modificará la fórmula y cargará la diferencia al Presupuesto. El resultado será menos kilómetros de ruta, menos puentes, menos obra pública, pagados por todos los uruguayos.  Ganan el sindicato y las grandes empresas que hacen obra pública. Pierden, una vez más, los nabos de siempre.

En la construcción privada, en vivienda y sobre todo en el interior, son las empresas medianas y chicas las que no tienen margen para absorber el golpe. Subirán los precios, se resignará actividad, se perderá formalidad. Además, sólo los grandes pueden ir por la mejora tecnológica. A los medianos y chicos nunca les dan los números para eso. Esto no es un episodio aislado que afecta a la construcción.  Es una marca de fábrica del Frente Amplio: acuerdos entre corporativismos que no responden ni a las necesidades del país ni a la realidad de las empresas que todos los días compiten, invierten y contratan.

Ayer fue el transporte metropolitano, subsidiado desde la intendencia que gasta en lo que no debe. También por el combustible que pagan los productores.  Pasa en la salud, donde los corporativismos se enriquecen vendiendo servicios a instituciones financiadas con el aporte de todos los uruguayos y con acceso a fondos de garantía del Estado. Pasó en el fútbol. 

Desde el gobierno se presionó para prorrogar el contrato de los derechos de televisión, y la dignidad de un presidente de la AUF y un ministro de Deporte los llevó a renunciar antes que convalidarlo. Por suerte ahí se aplicó después cepillo de alambre y jabón. Hoy sobrevuela en Antel una propuesta para pagar por derechos una suma que no guarda relación alguna con su valor. De nuevo, que paguen los uruguayos. Que le hace una mancha más al tigre.

Siempre aparecen algunos que se creen porteros del cementerio: los únicos vivos. Terminar con esos corporativismos, con acuerdos que se cierran de espaldas a la mayoría de los uruguayos, es uno de nuestros nortes. No vamos a cejar en eso.