Si miramos todos los días nuestro Vespertino vemos que a nivel de todo el territorio nacional se atrapan delincuentes y luego terminan, salvo medidas alternativas, en prisión. O sea que por ese lado el sistema funciona, recordemos por ejemplo robos de joyas en locales especializados en Montevideo o la Zona Metropolitana, que a la larga terminan cayendo. Todos a la sombra, el crimen no paga. Pero ahora, ante tanta gente privada de libertad, surge el otro gran tema, qué hacer con ellos, cómo enfrentar esta situación para evitar lo que se da en llamar "puerta giratoria", donde los delincuentes entran a la cárcel y cuando salen de nuevo a delinquir lo que quiere decir que no sirve de profilaxis del delito el sistema penitenciario.

Uruguay alcanzó su máximo histórico de personas privadas de libertad al registrar 477 presos cada 100.000 habitantes a mitad de 2025. El último informe del comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, reitera que casi la mitad de la población carcelaria vive en condiciones crueles y el hacinamiento supera el 120 % en la mayoría de los centros.

Mientras la tasa de prisionización sigue en aumento, el país ocupa el primer lugar en Sudamérica y figura entre los 15 con mayor índice a nivel global. “La cárcel no puede ser la única respuesta”, advierte Petit, quien destaca que la violación de derechos humanos continúa siendo la norma en los establecimientos penitenciarios uruguayos.

Para 2026, Uruguay está impulsando planes de reinserción que buscan atacar el fenómeno de la "puerta giratoria" (reincidencia) mediante la creación de oportunidades laborales directas y el fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión. Los pilares actuales de esta estrategia son por ejemplo Inserción Laboral en el Sector Público.

Se han concretado convenios clave para que personas egresadas del sistema penitenciario se integren al mercado de trabajo formal a partir de 2026. Por ejemplo en el Parlamento Nacional hay un plan piloto permitirá que exreclusos comiencen a trabajar en el Palacio Legislativo desde este año.

UTE y DINALI: son un ejemplo. Se firmó un acuerdo en diciembre de 2025 para habilitar plazas laborales en la empresa estatal de energía para quienes recuperan su libertad.

Vale destacar por ejemplo que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) es una entidad que actúa como una "escuela de democracia", gestionando pasantías y empleo protegido en diversos sectores.

También hay que pensar en el fortalecimiento de medidas alternativas. Ante el hacinamiento crítico, el gobierno ha reestructurado la gestión de las penas que no requieren encierro con la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA) que ahora dirige la salteña María de los Ángeles Machado, ex directora por años de la unidad veinte o sea la cárcel de Salto. A partir de enero de 2026, esta dirección asume una nueva conducción enfocada en intensificar la supervisión y los planes de intervención individual para que más personas de bajo riesgo cumplan su condena en la comunidad.

En cuanto a la desprisionalización se promueven reformas legales para priorizar el uso de tobilleras y tareas comunitarias, evitando que el sistema colapse totalmente. Programas de Formación y Juventud.

También está el programa Cosechando Esperanzas que es Iniciativa del INISA;(adolescentes) que ofrece experiencias educativas y sociolaborales para reducir el estigma y la reincidencia juvenil.

Y Uruguay Impulsa que es un programa que combina empleo temporal y formación profesional, con miles de cupos destinados a poblaciones vulnerables, incluyendo a personas vinculadas al sistema penal. En cuanto a la Reforma del Sistema Penitenciario (Libro Blanco);el Ministerio del Interior ejecuta medidas basadas en el "Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria", que incluye la creación de nuevas plazas y la clasificación científica de los presos para facilitar programas de trato y tratamiento que realmente preparen para la libertad.