Uruguay transita una transformación silenciosa pero implacable: cada año nacen menos niños, cada año vivimos más tiempo y cada año se achica el contingente de trabajadores que sostiene al conjunto. La pirámide poblacional se invierte y, con ella, el equilibrio sobre el que descansó durante décadas el llamado “Estado de bienestar”. Lo que alguna vez fue una promesa de protección universal comienza a tensionarse frente a una realidad demográfica que no admite consignas.

El fenómeno no es exclusivo. En buena parte de Occidente crece el malestar de las generaciones jóvenes, que advierten cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a financiar sistemas previsionales y estructuras públicas cada vez más costosas. En Uruguay, donde la natalidad se ha desplomado y la expectativa de vida se extiende, la relación entre activos y pasivos se vuelve más exigente año tras año. No es un debate ideológico: es una ecuación matemática.

La reforma previsional aprobada en el período anterior intentó, con mayor o menor audacia, introducir correcciones para evitar un colapso a mediano plazo. Fue una decisión políticamente costosa, pero alineada con el diagnóstico técnico de que el sistema era insostenible tal como estaba concebido. Podrá discutirse su alcance o sus concesiones, pero partía de un principio elemental: no se puede prometer indefinidamente lo que no se está en condiciones de pagar.

Sin embargo, mientras la demografía impone prudencia, la práctica política parece ir en sentido contrario. Persisten —y en algunos casos se amplían— beneficios y partidas en el sector público que poco dialogan con la necesidad de austeridad. Convenios que incorporan complementos salariales no atados a productividad ni a metas verificables; compensaciones que se naturalizan como derechos adquiridos aunque no respondan a mejoras en la gestión; mecanismos de incentivos que, lejos de premiar resultados, se transforman en automatismos presupuestales.

El problema no radica en la legítima aspiración de los funcionarios a mejorar sus ingresos, sino en el contexto en que esas decisiones se adoptan. Un país con crecimiento modesto, presión fiscal elevada y deuda pública en aumento no puede comportarse como si dispusiera de recursos ilimitados. Cada peso que se asigna sin contrapartida clara termina financiado por tarifas más altas, impuestos más pesados o mayor endeudamiento.

Y el endeudamiento, aunque invisible en lo cotidiano, no es neutro. Compromete recursos futuros, condiciona políticas y traslada cargas a generaciones que ya enfrentan un mercado laboral más competitivo y un horizonte previsional más incierto. Cuando el Estado se expande por encima de la capacidad real de la economía, la factura no desaparece: se difiere.

La discusión de fondo, entonces, no es sectorial sino estructural. ¿Puede un país pequeño, con una base productiva acotada y una población envejecida, sostener un aparato estatal que crece por inercia? ¿Es razonable mantener esquemas de gasto que no distinguen entre eficiencia y mera continuidad? ¿Hasta qué punto la política está dispuesta a enfrentar estas preguntas sin refugiarse en la comodidad del corto plazo?

Nadar contra la corriente demagógica implica asumir que el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad fiscal es frágil. Que proteger a los más vulnerables no exige un Estado más voluminoso, sino uno más inteligente. Y que, si no se corrige el rumbo, el peso combinado del envejecimiento y la deuda terminará restringiendo las oportunidades de quienes hoy trabajan y de quienes aún no han nacido.

Uruguay necesita un debate adulto sobre su tamaño, sus prioridades y sus límites. No para desmantelar conquistas sociales, sino para preservarlas. Porque en una sociedad que envejece, la verdadera irresponsabilidad no es ajustar a tiempo, sino seguir prometiendo lo que el mañana difícilmente podrá cumplir.