Uruguay atraviesa un momento que exige sinceridad, responsabilidad y una profunda reflexión sobre el destino de los recursos públicos. Mientras las autoridades reconocen señales de desaceleración económica y se multiplican las advertencias sobre las limitaciones presupuestales, continúan apareciendo propuestas que implican más gasto, más estructuras y, muchas veces, más funcionarios. La pregunta es inevitable: ¿quién paga la cuenta?