El pasado 26 de marzo decíamos en LA PRENSA, que el Estado tiene la responsabilidad de supervisar y capacitar adecuadamente a sus funcionarios públicos, pero cuando se cometen errores graves por dolo o culpa grave, el Estado puede ejercer su derecho a reclamar el resarcimiento a los funcionarios responsables a través de la figura de la "Acción de Regreso".

Acción de Regreso

Una visión jurídica nos dice, que  la Acción de Regreso permite al Estado recuperar los montos que haya tenido que pagar a ciudadanos por daños causados por funcionarios públicos en la ejecución de servicios públicos. Esto evita que los contribuyentes asuman los costos de errores ajenos y fomenta una mayor responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

El Estado es civilmente responsable por los daños de los funcionarios

Si bien la Constitución establece que el Estado es civilmente responsable por los daños causados por sus funcionarios, esto no significa que deba asumir siempre esa responsabilidad. Incluso los máximos responsables de los gobiernos departamentales, como los intendentes, pueden ser alcanzados por la Acción de Regreso si cometen daños imputables a su conducta dolosa o gravemente negligente. La aplicación de la Acción de Regreso implica que los funcionarios públicos, incluyendo aquellos con buenos ingresos y patrimonio propio, deban responder con su patrimonio personal por los daños graves que causen. Esto los haría más cuidadosos y responsables en el ejercicio de sus funciones.

Dictamen de la Suprema Corte

 El pasado 15 de mayo  El Observador tituló “Suprema Corte de Justicia admite que funcionarios públicos deban responder con su patrimonio por daños que causen”. El artículo informa sobre un fallo de la Suprema Corte de Justicia. La que dictaminó que los funcionarios públicos deben responder con su patrimonio por daños causados en el ejercicio de sus funciones.

Demandar a los funcionarios

Este fallo, emitido por mayoría, permite demandar directamente a los funcionarios, generando un intenso debate en la comunidad jurídica. La postura mayoritaria de la Corte argumenta que la Constitución no regula explícitamente esta cuestión, mientras que la ministra Dra.Elena Martínez discrepa, sosteniendo que la responsabilidad recae exclusivamente en la administración.

Expertos consideran que esta decisión representa un retroceso

Al introducir un sistema de responsabilidad directa que antes no estaba contemplado. Esta nueva perspectiva plantea desafíos en términos de inmunidad, culpa y las implicaciones legales para los funcionarios. Es trascendental reflexionar sobre el impacto de esta sentencia en la actuación de los funcionarios públicos y en la relación entre el Estado, los funcionarios y los ciudadanos. Un análisis crítico y detallado de las implicaciones de esta decisión judicial es fundamental para comprender sus efectos en el sistema legal y la sociedad en su conjunto.