Días atrás fue detenido el delincuente Luis “Betito” Suárez, imputado por posesión de estupefacientes. Con once antecedentes penales y un extenso prontuario, Suárez había recuperado la libertad en 2023 tras cumplir dos años de prisión por tráfico de drogas. Según informó la Fiscalía, el procedimiento fue posible gracias a una investigación que determinó que el lugar donde se desarrollaba la actividad “no era un hogar”. “No vivía allí una familia, sino que era utilizado únicamente como boca de drogas”. La solicitud de allanamiento fue presentada por el fiscal de Estupefacientes y autorizada por una jueza de Crimen Organizado.

Durante el operativo se incautaron armas, dinero, cámaras de videovigilancia, más de 200 gramos de sustancia vegetal, dos gramos de sustancia blanca, balanzas de precisión y varios celulares. Las autoridades destacaron que el lugar tenía seis puertas reforzadas, signo del nivel de seguridad con que operaba la organización.

Viejo debate...

Este caso reaviva un viejo debate: el de los allanamientos nocturnos y la interpretación del artículo 11 de la Constitución, que declara inviolable el hogar entre el anochecer y el amanecer. La decisión de la fiscalía y la jueza coincide con la interpretación que en su momento defendieron los entonces diputados Eduardo Lust y Gustavo Zubía, autores de un proyecto de ley interpretativo sobre este tema.

Constitución de 1830

En la exposición de motivos de aquel proyecto, los legisladores recordaban que el artículo 11 es una reproducción del artículo 135 de la Constitución de 1830. Su finalidad, explicaban, era proteger a las personas y sus familias de los abusos del poder en tiempos en que el autoritarismo era la regla. Pero, sostenían, “lo que fue un freno a las arbitrariedades del poder ya no lo es”, porque hoy ese poder está reglamentado, legislado y controlado dentro de un Estado de Derecho.

Según Lust y Zubía...

El Derecho debe acompañar la evolución de la sociedad. En la actualidad —decían— el narcotráfico y el crimen organizado se valen de las garantías constitucionales para obtener impunidad. “El poder ya no viola domicilios durante la noche; si eso ocurriera, existen múltiples garantías democráticas para proteger los derechos de las personas”, señalaban.

El concepto de "hogar"

El proyecto proponía reinterpretar el concepto de “hogar” en función de esta nueva realidad. Lo definía como el espacio donde viven o residen personas, solas o en familia, desarrollando su vida privada y afectiva. Si un inmueble se usa para actividades ilícitas, pierde esa naturaleza y, por tanto, la protección constitucional que impide los allanamientos nocturnos. El texto establecía que las fuerzas de seguridad podrían ingresar, con orden judicial escrita, a inmuebles que no constituyan hogares o en los que existan pruebas de depósito, tráfico o venta de drogas, ya que esos lugares “pierden la naturaleza de hogar” al transformarse en centros delictivos.

Desafíos actuales de narcotráfico

En el caso de Suárez, tanto la Fiscalía como la jueza actuante aplicaron una interpretación similar: al no tratarse de un hogar, el allanamiento nocturno no vulneró la Constitución. La actuación judicial, entonces, coincide con la visión de Lust y Zubía, que buscaba adaptar la norma a los desafíos actuales del narcotráfico.

Libertades y seguridad

El debate, sin embargo, trasciende este episodio policial. Se trata de una tensión permanente entre la defensa de las libertades individuales y la obligación del Estado de garantizar la seguridad pública. La realidad demuestra que las organizaciones criminales han aprendido a escudarse detrás de los derechos que el sistema democrático garantiza a los ciudadanos.

Lectura rígida de la Constitución...

En un contexto donde el delito se profesionaliza y aprovecha los vacíos legales, mantener una lectura rígida de la Constitución puede terminar beneficiando a quienes atentan contra la convivencia social. De allí la importancia de interpretar sus disposiciones con sentido histórico y pragmático, sin renunciar a sus valores esenciales. Coincido con esa visión. Respetar la Constitución no significa congelarla en el tiempo. Las normas deben leerse a la luz del presente, preservando su espíritu protector pero adecuándolas a una realidad que exige firmeza y claridad frente al crimen organizado. Solo así la ley seguirá siendo un escudo para los inocentes, y no un refugio para los delincuentes.