La posibilidad de que uno de los frigoríficos actualmente inactivos de Salto, vuelva a operar comenzó a tomar forma en las últimas jornadas, a partir del interés manifestado por capitales argentinos y brasileños. La situación fue confirmada por el intendente Carlos Albisu, quien señaló que la Intendencia viene participando de las gestiones como facilitadora para procurar que la planta pueda retomar su actividad.

De acuerdo a sus declaraciones realizadas ayer en la Expo Prado, Albisu sostuvo que existen “interesantes posibilidades” y confirmó que mantuvo contactos con personas vinculadas a potenciales inversiones. “Nosotros ya nos pusimos a las órdenes como facilitadores para que estas empresas puedan reabrir este frigorífico”, afirmó el jefe comunal, aunque aclaró que todavía no corresponde hablar de una reapertura concreta porque las negociaciones se encuentran en desarrollo.

Somicar, en el centro de las gestiones

En el caso de Somicar, Albisu explicó que se vienen trabajando paralelamente varios aspectos. Uno de ellos es la solicitud de un régimen especial de seguro de paro para los trabajadores, planteo que fue presentado al presidente de la República, Yamandú Orsi, durante una reunión mantenida en Anchorena. Al mismo tiempo, el intendente confirmó que mantendría reuniones con representantes interesados en impulsar la actividad de la planta. Según señaló, Somicar presenta condiciones que permitirían una recuperación relativamente rápida de la actividad, dado que cuenta con habilitaciones correspondientes y autorización para exportar. “Está en buenas condiciones para retomar rápidamente y llegar al máximo de la faena”, sostuvo. La eventual llegada de nuevos inversores plantea, sin embargo, un escenario que requiere acuerdos entre varias partes.

Un comodato que condiciona cualquier salida

Albisu explicó que la situación jurídica de la planta no es sencilla. Recordó que el frigorífico fue entregado en comodato aproximadamente en 2010-2011 por un período de 30 años, por lo que todavía restaría una década para completar ese plazo. Por esa razón, descartó como camino conveniente una eventual disputa judicial. “No es sencillo terminar en un litigio que pueda durar cinco o seis años”, señaló, remarcando que una solución de fondo exige negociar con todas las partes involucradas. La Intendencia, según explicó, procura avanzar “por la positiva”, articulando entre la actual firma, abogados, trabajadores y los eventuales interesados en asumir la explotación. El objetivo, más allá de las cuestiones empresariales y jurídicas, tiene una dimensión económica y social evidente para el departamento: recuperar una fuente de trabajo y volver a poner en funcionamiento una infraestructura industrial que ya cuenta con habilitaciones y condiciones para operar. Albisu insistió en que todavía no existen anuncios definitivos, pero consideró positiva la aparición de interesados y destacó que desde el gobierno departamental se seguirá trabajando para generar las condiciones que permitan concretar el eventual reflote de la planta.