El Dr. Claudio Opazo sostuvo que la figura cumple una función importante de control, aunque afirmó que los informes no generan los cambios que necesita el sistema penitenciario. La designación de Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de las cárceles uruguayas y el verdadero alcance de este organismo. Para conocer una mirada técnica sobre el tema, Radio Turística entrevistó al abogado penalista Dr. Claudio Opazo, quien defendió la existencia del cargo, aunque fue crítico con la respuesta que el sistema político ha dado a las recomendaciones realizadas durante los últimos años.

Una figura creada para controlar

Opazo recordó que la figura del Comisionado Parlamentario fue creada por ley en 2003 y comenzó a funcionar en 2004 como respuesta a observaciones realizadas por organismos internacionales sobre la situación de las personas privadas de libertad en Uruguay. Explicó que su tarea principal es supervisar el funcionamiento de las cárceles, recibir denuncias, realizar inspecciones, elaborar informes y presentar recomendaciones tanto al Parlamento como a las autoridades responsables del sistema penitenciario. También puede promover acciones judiciales cuando entiende que existen vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad.

"Los informes son escuchados, pero poco cambia"

Durante la entrevista, el penalista señaló que el trabajo realizado por los distintos comisionados ha sido serio y responsable. Sin embargo, considera que el principal problema aparece cuando llega el momento de transformar esos informes en decisiones concretas. Según explicó, año tras año los diagnósticos son prácticamente los mismos.

Hacinamiento, superpoblación, escasas oportunidades de rehabilitación, falta de actividades para los internos y dificultades para garantizar condiciones adecuadas dentro de los establecimientos penitenciarios siguen formando parte de los informes. "El comisionado hace su tarea. Asesora, inspecciona y presenta recomendaciones. El problema es que el sistema político escucha esos informes, pero muchas veces no toma las medidas necesarias para cambiar la realidad", sostuvo.

Más presos y las mismas cárceles

Para Opazo, uno de los principales problemas de la política criminal uruguaya ha sido el aumento constante de normas penales que amplían la cantidad de delitos y endurecen las penas. A su juicio, eso provoca un crecimiento permanente de la población carcelaria sin que exista una expansión similar en infraestructura, personal o programas de rehabilitación. "Hay más personas privadas de libertad, pero el sistema no ha crecido al mismo ritmo", afirmó. El abogado señaló que esta situación termina generando nuevas dificultades para funcionarios, operadores penitenciarios y para las propias personas que cumplen condena.

Destacó el trabajo de algunos establecimientos

A pesar de las críticas generales, Opazo reconoció que existen experiencias positivas dentro del sistema penitenciario. Como ejemplo mencionó la Unidad Nº 20 de Salto, que en varias oportunidades fue destacada en informes del propio Comisionado Parlamentario por su funcionamiento y por el compromiso de sus equipos de trabajo. Según explicó, muchas veces los buenos resultados dependen del esfuerzo y la dedicación del personal más que de mayores recursos económicos.

Un cargo necesario

Consultado sobre la reciente designación de Daniel Radío, Opazo consideró positiva la continuidad del organismo y lamentó que el Parlamento demorara varios meses en completar el nombramiento. A su entender, contar con un Comisionado Parlamentario independiente sigue siendo importante porque permite mostrar con objetividad lo que ocurre dentro de las cárceles y mantener el tema en la agenda pública. Sin embargo, aclaró que el verdadero cambio no depende únicamente del comisionado. "El desafío no es solamente hacer buenos informes. El desafío es que quienes tienen la responsabilidad de gobernar los lean y los conviertan en políticas públicas", afirmó.

Para el abogado penalista, Uruguay necesita una política penitenciaria de largo plazo que combine seguridad, respeto por los derechos humanos y verdaderas oportunidades de rehabilitación. Mientras eso no ocurra, concluyó, los informes seguirán describiendo los mismos problemas y las cárceles continuarán enfrentando desafíos que se arrastran desde hace muchos años.