El edil de la Coalición Republicana y presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto, doctor Cristian Suárez, explicó los motivos que llevaron a acompañar el proyecto que autoriza a la Intendencia a licitar el servicio departamental de gestión de residuos por un plazo de hasta 12 años. Suárez aclaró que la Junta no votó una empresa ni fijó un precio, sino que autorizó a la Intendencia a avanzar hacia una licitación. “Lo que votamos fue mejorar el servicio de recolección”, señaló.

CAMBIAR UNA RECETA QUE NO FUNCIONÓ

El edil sostuvo que durante aproximadamente 20 años se utilizó prácticamente el mismo sistema: comprar maquinaria, utilizarla, afrontar sus roturas y volver a comprar maquinaria. A su entender, los resultados demuestran que es necesario buscar otra alternativa. Suárez explicó que en la Comisión de Legislación se analizaron datos aportados por el sindicato y por la Dirección de Hacienda. Según los números que presentó durante la sesión, una parte muy importante del gasto de recolección corresponde a salarios, mientras que la inversión en equipamiento representa una proporción mucho menor. Por eso, consideró que comprar solamente algunas máquinas no resolvería el problema general del servicio.

MÁS CONTENEDORES Y NUEVA TECNOLOGÍA

El proyecto apunta, según explicó, a incorporar contenedores de mayor capacidad y camiones con tecnología que permitan realizar la descarga de manera más rápida y con menos personal operativo. También señaló que se busca ampliar la cobertura hacia barrios y localidades que actualmente presentan dificultades con el servicio. Otro de los puntos planteados es el tratamiento del vertedero. Suárez destacó que el proyecto incluye avanzar hacia un cierre sanitario, con celdas para depositar los residuos y tratamiento de los líquidos que genera la basura. La intención, afirmó, es terminar con la imagen de un vertedero abierto y reducir problemas como los incendios que se producen durante el verano.

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Uno de los temas que genera mayor discusión es qué ocurrirá con los funcionarios municipales que actualmente trabajan en la recolección. Suárez sostuvo que no está previsto que queden sin trabajo. Según explicó, algunos podrán pasar a tareas de fiscalización y control del servicio, mientras que otros podrán ser destinados a áreas como barrido o poda. La Intendencia, de acuerdo con su explicación, tendrá un rol de control sobre la empresa que eventualmente resulte adjudicataria.

12 AÑOS Y UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Respecto al plazo de hasta 12 años, Suárez explicó que una inversión de estas características necesita tiempo para ser recuperada por quien participe de la licitación. Mencionó como ejemplo los contenedores tecnológicos, camiones y equipamiento que deberían incorporarse. También reconoció que una contratación que puede atravesar varios gobiernos genera una responsabilidad política. “Siempre somos responsables políticos nosotros”, afirmó el edil.