La resolución adoptada por la mayoría del Directorio del Instituto Nacional de Colonización de rescindir el contrato de una joven colona de 23 años constituye una de esas decisiones que, aun pudiendo encontrar respaldo en una interpretación estrictamente formal de una norma, chocan frontalmente con el sentido común, la sensibilidad social y la propia finalidad que debería inspirar las políticas públicas.

Soledad no es una especuladora, no es una arrendataria ausente ni una persona que haya abandonado el predio para dedicarse a actividades ajenas al medio rural. Por el contrario, se trata de una joven que asumió la responsabilidad de continuar el trabajo familiar cuando su padre se jubiló, que explota directamente la fracción adjudicada y que, simultáneamente, realiza un enorme esfuerzo para cursar la carrera de Veterinaria en la Universidad de la República. La pregunta que surge naturalmente es tan sencilla como contundente: ¿desde cuándo estudiar constituye una falta?

La Ley de Colonización exige que los colonos residan en los predios adjudicados. Ese requisito tiene una razón de ser evidente: evitar el abandono de la tierra, la especulación y el incumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas las colonias. Sin embargo, pretender que esa disposición impida a una joven completar una carrera universitaria vinculada directamente con la producción agropecuaria implica una interpretación antojadiza, rígida y absolutamente alejada de la realidad. Resulta difícil comprender cómo puede considerarse perjudicial que una futura veterinaria, formada precisamente para aportar conocimientos al sector rural, deba trasladarse temporalmente a Salto para asistir a clases. Más aún cuando el Instituto conocía esta situación desde el inicio de la relación contractual y cuando la propia estudiante manifestó reiteradamente su voluntad de radicarse definitivamente en el campo una vez culminados sus estudios.

La decisión adoptada por los cuatro representantes del oficialismo transmite un mensaje preocupante. Parecería decirles a los jóvenes rurales que deben elegir entre estudiar o permanecer en el campo. Como si la formación académica fuera incompatible con la producción agropecuaria. Como si el desarrollo del medio rural pudiera construirse prescindiendo del conocimiento, la capacitación y la innovación.

Nada puede ser más contrario a los objetivos históricos de la colonización.

El país necesita más jóvenes en el campo, pero también necesita jóvenes mejor preparados. Necesita productores que incorporen tecnología, conocimientos científicos y nuevas herramientas de gestión. Necesita precisamente perfiles como el de Soledad, formada desde niña en el medio rural, egresada de instituciones agrarias y comprometida con regresar a su predio para aplicar allí todo lo aprendido.

Por eso resulta especialmente valiosa la posición asumida por el director de la oposición, el Dr. Luca Manassi, quien tuvo la valentía de apartarse de una decisión tan desacertada. Al calificar la resolución como “inconveniente, inoportuna y carente de sentido común”, expresó lo que seguramente piensa gran parte de la ciudadanía.

Manassi comprendió algo elemental: las leyes no existen para castigar los esfuerzos legítimos de las personas, sino para servir al interés general. Y en este caso el interés general no consiste en expulsar a una estudiante del sistema de colonización, sino en acompañarla para que concluya su formación y pueda convertirse en una profesional al servicio del desarrollo rural.

Todavía hay tiempo para corregir este error. Las instituciones públicas se fortalecen cuando son capaces de revisar decisiones equivocadas y actuar con razonabilidad. Desalojar a una joven que trabaja, estudia y sueña con un futuro mejor para ella y para su explotación agropecuaria no representa una victoria de la ley. Representa, simplemente, el triunfo de la burocracia sobre el sentido común.

Y cuando eso ocurre, quienes verdaderamente pierden son los jóvenes, el campo y el país entero.