El debate en torno a la consagración de un Mínimo Vital Gratuito de agua potable para todos los uruguayos no es un postulado aislado ni una ocurrencia circunstancial. Por el contrario, se halla profundamente enraizado en nuestra más rica tradición legislativa, en el marco constitucional y en los consensos internacionales más avanzados en materia de derechos humanos. Reconocer la primacía de las necesidades sociales por encima de la lógica financiera del mercado representa la ratificación de un compromiso histórico que nuestra nación asumió hace más de medio siglo.