El reciente proceso de diálogo social en materia de seguridad social continúa generando debate en Uruguay. Mientras algunos sectores cuestionan sus resultados, desde la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) se reivindica su valor como instancia democrática fundamental para la construcción de políticas públicas. Carlos Clavijo, director representante de los trabajadores en el organismo, junto a la dirigente sindical Micaela Carballo, en una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa, analizaron los alcances, tensiones y desafíos que deja este proceso.

Un espacio democrático para construir derechos

Para Clavijo, el diálogo social constituye una herramienta esencial en el sistema democrático. “Es una instancia donde confluyen actores sociales, políticos, el gobierno y organizaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población”. En ese sentido, destacó que este tipo de ámbitos permite transformar ideas en propuestas concretas que luego pueden derivar en leyes, decretos o ampliación de derechos. El representante subrayó que el valor del diálogo no radica únicamente en los acuerdos finales, sino en el proceso mismo de intercambio. “Cuando se ponen distintas visiones sobre la mesa, se logra acercar posiciones y construir soluciones más integrales”. Según su visión, esto resulta especialmente relevante en temas complejos como la seguridad social, donde las decisiones impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía.

Críticas y cuestionamientos, participación en el centro del debate

El proceso no estuvo exento de controversias. Desde sectores empresariales y de la oposición política surgieron cuestionamientos sobre el alcance y la validez de los acuerdos alcanzados. Clavijo marcó una diferencia clara entre quienes participaron activamente y quienes optaron por mantenerse al margen. “Respeto a los empresarios que estuvieron hasta el final en la mesa de diálogo, intercambiando ideas”. Fue crítico con algunos actores políticos que, teniendo la oportunidad de participar, decidieron no hacerlo. “No se puede cuestionar desde afuera algo en lo que no se quiso participar”, remarcando que esa actitud debilita la calidad del debate democrático. El dirigente también advirtió sobre el riesgo de desinformación en la discusión pública. A su entender, algunas críticas se basan en interpretaciones incorrectas o incompletas, lo que puede confundir a la población en un tema ya de por sí complejo.

La reforma del sistema y el rol de las AFAP

Uno de los puntos más sensibles del diálogo social fue el futuro de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Desde el movimiento sindical se impulsaba su eliminación, objetivo que finalmente no se concretó. Aun así, Clavijo considera que hubo avances. “No se logró eliminar el sistema de ahorro individual, pero sí se introducen cambios estructurales importantes”. Entre ellos, destacó la reducción de comisiones y la mejora en la rentabilidad de los fondos, lo que podría traducirse en jubilaciones entre un 20% y un 30% superiores. El foco, insistió, debe estar en el impacto real sobre las personas. “Lo que le importa a la gente es cuánto va a cobrar al final de su vida laboral, si va a poder vivir con dignidad”. Desde esta perspectiva, los cambios acordados representan un avance, aunque no colmen las expectativas iniciales del sector trabajador.

Debate sobre el rol del Estado

Otro eje de discusión gira en torno a la mayor participación del Estado en el sistema previsional. Críticos advierten que esto podría afectar la confianza en el sistema, mientras que desde la representación sindical se defiende el rol estatal como garante histórico. Carballo expresó “El Estado siempre ha sido quien respalda a la población en momentos de crisis”. Recordó que, en situaciones financieras adversas, ha sido el Estado quien ha intervenido para garantizar el pago de jubilaciones y prestaciones. Además, señaló que el BPS ya cumple funciones clave dentro del sistema, como la recaudación y distribución de fondos, mientras que las AFAP perciben comisiones. En ese contexto, cuestionó los temores sobre una mayor presencia estatal y planteó que el objetivo debe ser mejorar la rentabilidad para los trabajadores, reduciendo costos innecesarios.

Nuevos derechos y ampliación de la cobertura

Más allá del debate sobre las AFAP, el diálogo social permitió avanzar en otros aspectos vinculados a derechos sociales. Entre ellos, se destacan propuestas para ampliar licencias parentales, fortalecer el seguro de desempleo y extender la cobertura a sectores históricamente desprotegidos. Carballo mencionó, por ejemplo, la posibilidad de ampliar la licencia paternal hasta 30 días, así como extender beneficios para trabajadores independientes y monotributistas. También se discutieron medidas en materia educativa, como el fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo, con el objetivo de facilitar la inserción laboral, especialmente de las mujeres. Otro punto relevante fue la flexibilización de la edad de jubilación. Explicó, se recupera la posibilidad de retirarse a los 60 años para quienes no puedan o no deseen continuar trabajando, sin impedir que quienes lo prefieran puedan seguir activos y mejorar sus ingresos.

Limitaciones y desafíos pendientes

A pesar de los avances, desde la representación de los trabajadores reconocen que quedaron temas importantes sin resolver. Uno de los principales es el financiamiento del sistema, considerado clave para garantizar la sostenibilidad de las políticas propuestas. “No se pudo discutir a fondo el financiamiento, y eso es una preocupación”. A su entender, cualquier reforma en seguridad social debe ir acompañada de una estrategia clara sobre cómo se financiarán los cambios. Asimismo, señaló que el proceso implicó concesiones por parte de todos los actores, incluyendo el movimiento sindical. “Se dejaron cosas por el camino para alcanzar consensos”, destacando que estos acuerdos son fundamentales para que las reformas puedan concretarse en el ámbito legislativo.

El valor del consenso en tiempos de incertidumbre

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Clavijo valoró especialmente que Uruguay mantenga espacios de diálogo institucional para abordar temas sensibles. “Es positivo que el país pueda discutir pensando en la gente”. Para los representantes, el principal logro del proceso no es solo el contenido de los acuerdos, sino la reafirmación del diálogo como mecanismo legítimo para la construcción de políticas públicas.