El Hospital en la Junta Departamental /
Exposición de la edil Luciana Gallino
La joven edil inició su intervención apartándose de cualquier cálculo partidario para centrar el debate en el impacto humano de los fallecimientos ocurridos. Sostuvo que, ante la pérdida de vidas y la ausencia definitiva que enfrentaban los allegados, las diferencias políticas perdían toda relevancia. Subrayó que cada víctima tenía proyectos y vínculos afectivos —madres, padres, hijos, hermanos y amistades— que debían sobrellevar un duelo impuesto, por lo que exigió respeto, sensibilidad, respuestas claras y el rechazo a cualquier intento de minimizar su sufrimiento.
Familias exigen explicaciones
Aunque aclaró que no consideraba a la Junta Departamental el espacio ideal para exponer tragedias tan íntimas, justificó haber llevado el tema allí cuando otros canales no ofrecían soluciones. Desde su rol institucional y de representación ciudadana, afirmó que no era aceptable desentenderse de los reclamos sociales ni fingir indiferencia ante familias que exigían explicaciones.
A continuación, dirigió un cuestionamiento directo a la directora de la institución involucrada, instándola a revisar su desempeño y el sentido de su cargo. Planteó que ejercer la dirección excedía lo administrativo o el ejercicio de la autoridad: implicaba comprender que cada resolución y cada hecho repercutía en vidas humanas, sin que cupiera la evasión ni el refugio burocrático frente a episodios graves.
En ese marco, criticó de forma especial que la jerarca hubiera manifestado estar «curada de espanto». Interroga —o más bien interrogó— sobre el alcance de esa frase aplicada a sucesos ocurridos bajo su órbita de conducción y a problemas que le competía atender, recordando que se trataba de muertes y duelos permanentes. Advirtió que no se trataba de una rutina laboral cualquiera, sino de vidas humanas, y cuestionó qué grado de sensibilidad conservaba quien normalizaba o se mostraba insensible ante hechos de tal magnitud. Recalcó que lo que para una autoridad podía parecer un caso más, para una familia constituía una tragedia que transformaba su existencia de manera irreversible.
Los cargos no son privilegios
Asimismo, enfatizó que los cargos públicos no eran privilegios sino deberes ante la sociedad. Frente a los cuestionamientos sobre la gestión, señaló que correspondía dar la cara, brindar explicaciones, responder y asumir responsabilidades, evitando naturalizar que los afectados tuvieran que exigir aquello que la institución debía ofrecer de entrada: respeto y respuestas. Exhortó a la directora a evaluar si su forma de ejercer la función estaba a la altura de lo que merecía la ciudadanía, ya que los puestos no se legitimaban por el título sino por la sensibilidad, el compromiso y la capacidad de respuesta.
Finalmente, volvió a poner el foco en las familias afectadas para expresarles respeto y solidaridad. Reconoció que ningún discurso o intervención en la Junta repararía la pérdida ni devolvería a quienes ya no estaban, pero sostuvo que existía el deber institucional de impedir que ese dolor fuera silenciado, asegurar que los reclamos no fueran ignorados y procurar las respuestas que las familias merecían.