En Salto volvió a ponerse sobre la mesa un tema que desde hace años genera discusión: la incautación de vehículos en controles de tránsito. El presidente de la Junta Departamental, Enzo Molina, retomó una iniciativa que ya había planteado cuando era edil de la oposición. Ahora, desde su nuevo rol, busca modificar el decreto vigente que permite retener vehículos en casos como espirometría positiva o falta de libreta de conducir.

La clave: respetar la Constitución

El planteo central es claro: la norma actual puede chocar con derechos constitucionales. Según explicó Molina, la propiedad privada está protegida y solo puede ser limitada por una resolución judicial. Por eso, entiende que un decreto departamental no debería habilitar la incautación automática de vehículos. Si bien existe un antecedente de inconstitucionalidad, este solo se aplicó a un caso puntual. Por eso, la idea ahora es ir a fondo y cambiar la norma para todos.

Avances rápidos en la Junta

El tema ya comenzó a moverse dentro de la Junta Departamental. La Comisión de Legislación viene trabajando en un proyecto de modificación del decreto, con apoyo técnico y jurídico. La intención es lograr un acuerdo amplio entre los partidos y aprobarlo por unanimidad, algo que no siempre es fácil en política, pero que en este caso se considera necesario.

Un problema que no se resolvió

Más allá de la discusión legal, hay otro dato que preocupa: las medidas actuales no lograron mejorar la situación del tránsito. Los siniestros siguen siendo frecuentes y las conductas de riesgo no han bajado. Para Molina, esto demuestra que no alcanza solo con sanciones.

Educación y control: el cambio de enfoque

La propuesta va más allá de modificar un decreto. También apunta a cambiar la estrategia. Se plantea reforzar la educación vial desde edades tempranas, incluso incorporando el tránsito como materia en centros educativos. Además, se reconoce que faltan inspectores y mayor presencia en la calle. La idea es clara: no solo castigar, sino prevenir y educar.

El otro problema: miles de vehículos abandonados

La incautación masiva dejó una consecuencia inesperada: depósitos llenos de motos y autos que nadie reclama. Muchos de esos vehículos tienen multas más altas que su propio valor, por lo que terminan abandonados. Esto genera costos para la Intendencia y ocupa espacios que podrían tener otro uso. Por eso, también se estudian mecanismos legales para darles destino final, como la chatarrización, siguiendo ejemplos de otros departamentos.

Mirada a futuro

El objetivo es ordenar la normativa, hacerla más justa y alinearla con la Constitución, sin dejar de lado la necesidad de mejorar el tránsito. Para Molina, el camino es claro: menos improvisación y más planificación a largo plazo.