La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS) ha definido al Presupuesto Departamental quinquenal como “el más grande de la historia, pero el más restrictivo en derechos laborales”. La afirmación, aunque impactante, no resiste un análisis serio del contenido real del presupuesto que se aprobará.

Estamos, efectivamente, ante el mayor presupuesto en la historia del departamento de Salto: más de 24.325 millones de pesos previstos para el período 2026–2030. Pero ese dato, lejos de habilitar un gasto sin control, impone una obligación mayor: administrar con responsabilidad, previsión y equilibrio, cuidando los recursos de todos los salteños.

Quien lea el presupuesto con objetividad advertirá que no hay eliminación de derechos laborales, sino una reorganización racional del régimen de trabajo, alineada con normas nacionales, criterios de transparencia y exigencias de buena administración. No se congelan salarios, no se eliminan compensaciones vigentes y se mantiene el ajuste cuatrimestral por IPC, garantizando que los ingresos de los funcionarios no pierdan poder adquisitivo.

Más aún: el presupuesto incorpora nuevos beneficios concretos. Se crean partidas por Compromiso y Desempeño en la Gestión (CDG) para reconocer responsabilidad funcional; se mantiene el régimen de horas extras con pago al 100%; se regulan las guardias retén; y se incorpora una partida especial para funcionarios con hijos con discapacidad, una señal clara de sensibilidad social que el gremio omite mencionar.

También se prevén mecanismos de retiro voluntario y regímenes especiales que brindan salidas dignas a funcionarios próximos a la jubilación, evitando ceses compulsivos y permitiendo una renovación progresiva de la plantilla. Esto no es recorte: es planificación laboral.

En cuanto a los controles sobre licencias, horas extras y compensaciones, lejos de constituir una restricción de derechos, son herramientas básicas de orden, exigidas por el Tribunal de Cuentas y por cualquier administración moderna. El derecho al trabajo no es sinónimo de ausencia de control, sino de reglas claras y aplicadas por igual.

Finalmente, resulta llamativo que ADEOMS critique un presupuesto que destina más de 12.500 millones de pesos a inversiones, muchas de ellas ejecutadas por trabajadores municipales, generando actividad, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo. No hay contradicción entre invertir en el departamento y proteger al funcionario: hay complementariedad.

El verdadero desafío no es inflamar consignas, sino comprender que gobernar implica elegir, priorizar y administrar. Este presupuesto no quita derechos: pone límites razonables, fortalece incentivos al trabajo bien hecho y apuesta al desarrollo de Salto con equilibrio fiscal y justicia laboral y evita las dificultades que tuvimos durante diez años en Salto con soluciones en este presupuesto.

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Integrante CED Partido Colorado.