En representación del grupo de salteños que promovieron un recurso de anulación de un Decreto que habilita la modificación territorial en 400 hectáreas de Salto, para aumentar el valor de la tierra y entre otras cosas construir barrios privados en esas zonas, un grupo de profesionales salteños que a su vez integran los cuadros directivos de la sede Salto de la Universidad de la República, concurrieron al Parlamento para exponer su posición ante la comisión de legislación de la Cámara de Diputados. 

Rogelio Texeira, Gabriel Duarte, Osvaldo Sabaño, Natalia Bisio y Alexandra Bozzo, llegaron hasta la sesión de la mencionada Comisión con la firme postura de que se revoque el Decreto que habilita esta recategorización de las tierras de distintos puntos de la ciudad salteña, lo cual habilita y da luz verde, entre otras cosas, a la construcción de varios proyectos de residenciales que distintas empresas salteñas tienen en carpeta desde hace años.

Razones jurídicas

Entre las "razones jurídicas" expuestas por los interlocutores que llegaron al Parlamento, se encuentra su postura de que esa normativa impulsada por el Gobierno de Salto desde el período anterior de Andrés Lima y ratificada por la actual administración "incumple" por lo menos "los requisitos establecidos por la normativa de gestión ambiental y territorial".

Ley de Ordenamiento Territorial...

También sostienen que el mismo "contradice los objetivos de la Ley de Ordenamiento Territorial de Salto, en cuanto a mantener y mejorar la calidad de vida de la población, va en contra de la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales al fomentar la segregación socioespacial con una propuesta de un modelo urbano excluyente". 

Razones técnicas...

Añadió además dicha exposición "razones técnicas" referidas a "aspectos ambientales como inundaciones, deforestación de monte nativo, aumento de la carga de nutrientes, etc. y de Ordenamiento Territorial formulando un modelo territorial socio espacial segregador".

Razones de oportunidad...

También sostiene "razones de oportunidad", advirtiendo que "no aprovecha la oportunidad para atacar los problemas socio-urbanos de la ciudad de Salto, sino que la propuesta viene a sumar nuevos problemas".

Razones de conveniencia...

Indica "razones de conveniencia", añadiendo que la propuesta "es conveniente únicamente para los propietarios promotores de la modificación de la norma y no responde al interés general".  Afirmaron que esa "extensión de área urbana con fines económicos" lo que hace es "aumentar de forma desproporcionada e infundada el área urbana de una ciudad con un modelo de muy baja densidad y sin servicios esenciales para la vida urbana. Aumentar el riesgo de contaminación de las napas freáticas y cursos de agua por cambio de uso del suelo y porque no obliga a la construcción de saneamiento por redes en un área que forma parte de una cuenca pequeña con alta vulnerabilidad ambiental y densamente antropizada", indicando incluso que "podrían existir más de 8.000 pozos negros en la zona".

Razones de eficiciencia...

Alegaron "razones de eficiencia", señalando que la vigencia del decreto cuestionado "aumenta sensiblemente los costos del funcionamiento de la ciudad sin incrementar la cantidad de contribuyentes, lo que seguramente se reflejará en la necesidad de aumento de los ingresos (impuestos, tasas y tarifas) y la disminución de la ya mala calidad de los servicios e infraestructura pública urbana de Salto". Y culminan diciendo que por "razones de interés general" la modificación "no solo no soluciona los problemas urbanos de Salto, sino que a partir de la expansión, les crea nuevos problemas". Los profesionales expresaron en sus alegatos ante la Comisión de Diputados que dicha normativa fue creada "para satisfacer los intereses de particulares de realizar un negocio con productos inmobiliarios" y se refiere al "Informe Capandeguy" elaborado por la empresa del mismo nombre, "que habla de la conveniencia de hacerlo únicamente en parte de los predios, por lo que hay un  exceso de discrecionalidad de la administración".

Y expusieron un fuerte énfasis en la que esta recategorización de tierras para construcción de barrios privados esencialmente "genera segregación socio espacial a través de la conectividad, accesibilidad y movilidad, macrolotes propuesta y de un sistema de gestión de residuos diferente al resto de la ciudad". Consideran que hay una "ausencia de medidas cautelares que minimicen la especulación inmobiliaria y de medidas que fomenten la participación y el acceso a la información, la participación pública con posibilidades de opinar y ser escuchado, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales".