La Junta Departamental de Salto dio un paso clave en materia de tránsito al aprobar por unanimidad, un nuevo decreto que modifica la normativa sobre incautación de vehículos. No se trata de un cambio menor. Para muchos actores políticos y sociales, esta resolución ya forma parte de la historia del legislativo departamental, luego de años en los que se venía aplicando un criterio cuestionado por ir en contra de la normativa nacional.

LEGISLACIÓN PURA DE LA JUNTA

El decreto, elevado por la Comisión de Legislación y Reglamento, es considerado un claro ejemplo de legislación propia de la Junta. No fue una imposición externa ni una simple adecuación administrativa, sino el resultado de estudio, debate y análisis jurídico. La revisión se dio a partir de la Sentencia Nº 776 de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional exigir el pago previo de la multa para recuperar un vehículo incautado. A partir de ese fallo, la Junta entendió que era necesario corregir la normativa vigente y adecuarla al marco legal nacional. Durante el proceso, se consultó a organismos como Unasev, a otras juntas departamentales y a técnicos vinculados al tránsito, lo que fortaleció el contenido del decreto.

UN CAMBIO QUE ENTRA EN LA HISTORIA

El nuevo texto cuenta con 12 artículos y establece modificaciones profundas. Por un lado, se ajusta el artículo 1° del Decreto 6.650/2013 y, por otro, se derogan los artículos 2 al 5 de esa norma, que eran los más cuestionados. Este cambio no solo corrige aspectos legales, sino que responde a un reclamo que durante años estuvo presente en la sociedad. La publicación de esta información busca justamente eso: que la población conozca sus derechos y entienda qué cambió. Durante mucho tiempo, muchas personas aceptaron procedimientos sin saber que podían ser discutidos o incluso contrarios a la Constitución.

SE MANTIENE LA SANCIÓN, PERO CON RESPETO

Uno de los puntos más importantes es que el decreto no elimina las sanciones. Quien conduzca con espirometría positiva seguirá siendo multado y se le retirará la licencia de conducir, como marca la ley. La firmeza en el control del tránsito se mantiene. Sin embargo, el cambio central está en cómo se actúa sobre el vehículo. La norma deja claro que la propiedad sigue siendo del titular y que no puede ser utilizada como forma de presión para el cobro de una multa. Es decir, ya no se podrá exigir el pago previo como condición para retirar el vehículo.

CÓMO FUNCIONA EL NUEVO PROCEDIMIENTO

El decreto establece un procedimiento más claro y equilibrado. Cuando un conductor da positivo en un control, queda impedido de seguir manejando. Si está acompañado por una persona habilitada y con espirometría negativa, esa persona puede retirar el vehículo en el momento. Si no hay acompañante, se otorga un plazo de 30 minutos para que alguien llegue y lo retire. Este punto busca evitar situaciones innecesarias y darle una salida rápida al problema. En caso de que nadie se presente, el vehículo queda bajo la guarda de la administración departamental, que deberá trasladarlo a un depósito y garantizar su cuidado. El propietario podrá retirarlo luego, simplemente acreditando la titularidad, sin necesidad de pagar la multa en ese momento.

ALCANCE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS

La norma es amplia y se aplica a todo tipo de vehículos que circulen en la vía pública: motos, autos, camiones y otros. También contempla casos como conductores sin libreta, con licencia suspendida o menores de edad. Además, establece que lo recaudado por multas deberá destinarse a planes de prevención y control del tránsito, lo que refuerza el objetivo de mejorar la seguridad vial.

UN PASO A FAVOR DE LA GENTE

Este nuevo decreto representa un equilibrio entre el control y el respeto a los derechos. La Junta Departamental de Salto logró mantener la firmeza en las sanciones, pero corrigiendo prácticas que generaban rechazo y eran consideradas injustas. Después de varios años de discusión, la norma marca un cambio de rumbo. No solo se ajusta a la ley, sino que también busca mejorar la relación entre autoridades y ciudadanos, bajar tensiones en los operativos y dar mayor claridad sobre los derechos de cada persona. Con su aprobación por unanimidad, el mensaje también es político: cuando hay consenso, se pueden lograr cambios importantes. Y en este caso, el resultado apunta directamente a beneficiar a la gente.