La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) resolvió no aplicar una tarifa eléctrica diferencial para el norte del país durante el verano, aun cuando esa región enfrenta reiteradas olas de calor extremo y un consumo energético significativamente mayor al del resto del territorio nacional. La decisión ratifica un esquema tarifario uniforme que no contempla las marcadas diferencias climáticas entre el norte y el sur del Uruguay, y vuelve a encender el debate sobre equidad territorial y justicia climática.

En departamentos donde las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados durante varios días consecutivos, el uso de aire acondicionado deja de ser un lujo para transformarse en una necesidad básica vinculada a la salud y al bienestar. Sin embargo, el sistema tarifario actual no distingue esas realidades y coloca a miles de hogares en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

La propuesta de Tarifa Eléctrica con Justicia Climática

El rechazo de UTE contrasta con la iniciativa impulsada por el diputado Horacio de Brum, denominada Tarifa Eléctrica con Justicia Climática. El proyecto proponía una bonificación de entre el 30% y el 40% del consumo eléctrico entre los meses de noviembre y marzo para hogares vulnerables del norte del país que utilizan equipos de aire acondicionado eficientes.

La propuesta se sustentaba en criterios sanitarios, sociales y ambientales, buscando proteger a las familias más expuestas a los efectos del calor extremo, reducir riesgos para la salud —especialmente en niños y adultos mayores— y promover el uso de tecnología eficiente desde el punto de vista energético. Para sus impulsores, se trataba de una medida concreta para reconocer desigualdades estructurales derivadas del cambio climático.

Aumento de tarifas en un contexto económico exigente

Mientras se descarta una tarifa diferencial, el gobierno aprobó un aumento promedio del 4% en las tarifas eléctricas, que comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2026. El ajuste impactará de forma directa en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas, en un escenario económico ya marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida. Para muchas familias del norte, este aumento se suma a facturas ya elevadas durante los meses de verano, cuando el consumo eléctrico se dispara por razones climáticas inevitables.

Ganancias millonarias y debate sobre prioridades

La decisión adquiere mayor relevancia si se considera que UTE cerró el último ejercicio con ganancias cercanas a los 315 millones de dólares, reflejando una situación financiera sólida. Este dato vuelve inevitable la discusión sobre las prioridades en la asignación de recursos, la equidad territorial y el rol de las empresas públicas en la reducción de desigualdades. Desde distintos ámbitos sociales y políticos se plantea que la rentabilidad del ente debería habilitar políticas más sensibles a las realidades regionales, especialmente en un contexto de crisis climática cada vez más evidente.

Una pregunta que sigue abierta

La negativa a implementar una tarifa diferencial vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿puede haber igualdad real cuando no se reconocen las desigualdades climáticas? El debate sobre justicia climática y equidad energética continúa abierto y trasciende lo técnico o económico, ya que impacta de forma directa en la vida cotidiana de miles de uruguayos que, verano tras verano, siguen esperando una respuesta acorde a su realidad.